CDMX a 29 de octubre, 2024.- La tensión crece dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) tras la reciente reforma aprobada por el Congreso que otorga amplios poderes a su presidenta, Guadalupe Taddei Zavala. Seis consejeros del INE han solicitado al Consejo General que se promueva una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), buscando frenar la aplicación de estas leyes secundarias que, según argumentan, comprometen el equilibrio en la toma de decisiones del organismo.
Los consejeros Dania Ravel Cuevas, Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey Jordan, Claudia Zavala Pérez, Martín Faz Mora y Jaime Rivera Velázquez enviaron una solicitud oficial para que el tema se incluya en la sesión extraordinaria del próximo 30 de octubre. En su argumentación, los consejeros señalan que la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) representa un “retroceso institucional” en la estructura del INE, al otorgarle a Taddei la facultad unilateral de designar a los directores ejecutivos y demás titulares de las unidades técnicas del Instituto sin la aprobación del Consejo General.
Los cambios al artículo 45 de la LGIPE dan a Taddei la potestad para hacer estas designaciones sin necesidad del consenso de los consejeros, rompiendo así con el carácter colegiado del órgano electoral. Este es uno de los puntos más polémicos de la reforma, ya que, según la oposición, debilita la independencia del INE y facilita la concentración de poder en una sola persona.
La solicitud de los consejeros incluye la petición a la SCJN de suspender temporalmente la aplicación de los artículos 45 y 48 de la reforma, en espera de una revisión que analice el impacto de estas modificaciones en el funcionamiento democrático del INE.
Este movimiento en el INE no es aislado: se enmarca en una serie de tensiones políticas generadas por reformas judiciales y electorales impulsadas por el actual gobierno y el Congreso. Mientras tanto, diversos sectores de la sociedad observan atentamente la evolución de este proceso, considerando que los cambios podrían afectar la imparcialidad de las próximas elecciones en México.