Congreso de Nuevo León abre juicio político contra Samuel García
Editor web Maya Comunicación 
Por Juan Pablo Ojeda
En un giro dramático en la política de Nuevo León, la Comisión Anticorrupción del Congreso estatal ha aprobado por unanimidad el inicio de un juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda. Esta decisión se produce tras un análisis exprés de menos de 24 horas y marca el comienzo formal de un proceso que podría tener serias implicaciones para la administración de García.
Acusaciones y Procedimiento
El juicio político contra García se fundamenta en acusaciones de presuntas violaciones a la Constitución y diversas leyes, detalladas en una denuncia presentada por los partidos PRI y PAN. Los cargos incluyen la omisión en la publicación de decretos y el uso indebido de recursos públicos, entre otras infracciones. Según la Comisión, estos actos podrían constituir una vulneración grave a la normativa estatal y federal.
Conforme a la resolución de la Comisión, García deberá presentar un informe de defensa por escrito o de manera presencial antes del jueves 22 de agosto a las 16:00 horas. Además, está obligado a nombrar a un abogado que lo represente durante el proceso.
Reacciones Políticas
El coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, aclaró que, aunque el juicio ha sido iniciado, aún no se ha definido una sanción. “El gobernador tiene la opción de presentarse en persona o enviar su informe en base a su estrategia jurídica. A partir de ahí, la Comisión evaluará y avanzará en el proceso”, explicó De la Fuente.
En contraste, Jessica Martínez, diputada local del PRI, expresó su preocupación por el tiempo disponible para revisar el extenso contenido del caso. “Es probable que no podamos revisar todo el contenido en esta Legislatura. Hay temas complejos y resoluciones previas que debemos considerar”, apuntó Martínez.
Defensa de Movimiento Ciudadano
Desde el Movimiento Ciudadano, José Alfredo Pérez Bernal criticó fuertemente el proceso, calificándolo de «golpe de estado disfrazado de legalidad». Pérez Bernal argumentó que el intento de destituir al gobernador es un movimiento político para controlar el poder, y cuestionó la rapidez con la que se ha analizado el extenso expediente del caso.
Contexto y Causas del Juicio
La denuncia que llevó al juicio político incluye alegaciones de violaciones a al menos 18 artículos constitucionales y cinco leyes secundarias, así como siete resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tres del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Uno de los puntos más críticos es la falta de publicación de decretos y acuerdos legislativos, lo que según los acusadores, ha paralizado el procedimiento legislativo y vulnerado el principio de división de poderes.
La Suprema Corte ya ha intervenido en este asunto, reconociendo la validez de la Ley de Juicio Político del Estado de Nuevo León y declarando la invalidez de un artículo constitucional local que anteriormente separaba automáticamente al acusado de su cargo.
Impacto Futuro
Si el juicio avanza, la decisión final será remitida al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Nuevo León, que actuará como jurado de procedencia. La posible destitución o inhabilitación de García tendría un impacto significativo en la política local y en el futuro de la administración estatal.
La complejidad de las acusaciones y la respuesta política evidencian una fase turbulenta para el gobierno de Samuel García. El desenlace de este juicio político será crucial para determinar no solo el futuro del gobernador, sino también para sentar precedentes en la administración de justicia en Nuevo León.
