Por Juan Pablo Ojeda
El pasado miércoles, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una iniciativa enviada por el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, que busca sancionar la instalación de chelerías en la vía pública. La propuesta recibió 62 votos a favor y modifica la Ley de Cultura Cívica, considerando como infracción la venta de bebidas alcohólicas en la calle, excepto en ferias, romerías o festividades autorizadas.
Esta nueva normativa establece diversas sanciones para quienes instalen chelerías. Las personas podrían enfrentar multas que oscilan entre 21 y 30 Unidades de Medida Actualización, equivalentes a entre 2,171 y 3,257 pesos. Además, se contempla el arresto de 25 a 36 horas o, en su defecto, la realización de entre 12 y 18 horas de trabajo comunitario.
La diputada Yuriri Ayala, secretaria de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, enfatizó la necesidad de un control adecuado sobre la venta y consumo de alcohol. “Estos puntos de venta irregulares generan múltiples problemas, desde perturbaciones del orden público hasta un incremento en los accidentes de tránsito y la violencia asociada al consumo inmoderado”, comentó.
Ayala subrayó que el crecimiento desmedido de las chelerías ha incentivado el consumo de alcohol entre jóvenes y menores de edad, además de carecer de controles sanitarios mínimos. La reforma busca no solo disuadir esta práctica, sino también proporcionar a las autoridades herramientas jurídicas para regular el comercio de bebidas alcohólicas.
Por su parte, el diputado Royfid Torres, del Movimiento Ciudadano, reconoció la necesidad de estas reformas, pero advirtió sobre la importancia de su correcta aplicación y de evitar la permisividad por parte de las autoridades.
En el mismo dictamen, se aprobó imponer penas de seis a 12 años de prisión y multas de entre mil y 5 mil días a aquellos propietarios de establecimientos que permitan actividades ilegales a pesar de que los sellos de clausura permanezcan intactos.