Congreso busca robustecer leyes sobre extorsión y reforzar combate a la corrupción
Editor web Maya Comunicación Ciudad de México, 5 de octubre del 2023 – En una reunión ordinaria llevada a cabo por la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), se aprobaron dos dictámenes fundamentales: uno enfocado en la legislación sobre delitos de extorsión y el otro centrado en el combate a la corrupción.
El primero, aprobado mayoritariamente, busca modificar el Artículo 73 de la Constitución, permitiendo al Congreso de la Unión expedir una ley general sobre extorsión y otros delitos asociados, especialmente aquellos cometidos a través de las tecnologías de la información. Este decreto establece un plazo de 180 días hábiles para que el Congreso elabore las leyes pertinentes una vez que entre en vigor.
La diputada Juanita Guerra Mena (Morena), impulsora de esta reforma, destacó que el objetivo principal es establecer normas generales que resulten efectivas contra la extorsión, teniendo en cuenta las más de 40 modalidades identificadas del delito. Además, señaló la urgencia de regular los ciberdelitos, que aumentaron en un 400% durante la pandemia.
Por otro lado, el segundo dictamen, avalado unánimemente, busca reformar el Artículo 113 de la Constitución, para que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción entregue anualmente un informe detallado sobre sus avances y resultados a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
La diputada Lidia Pérez Barcenas (Morena), promotora de esta segunda reforma, resaltó la importancia de esta medida para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas del Sistema Nacional Anticorrupción, permitiendo un escrutinio público riguroso de sus actividades.
El diputado Robledo Ruiz finalizó informando que ambos dictámenes serán remitidos a instancias correspondientes como la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), cumpliendo así con los protocolos legislativos establecidos.
