Por Juan Pablo Ojeda
La reciente controversia sobre la reforma al Poder Judicial en México ha captado la atención de todos, desde el Palacio Nacional hasta los tribunales. En el centro del debate se encuentra la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, tras la orden judicial de eliminar su decreto del Diario Oficial de la Federación (DOF), ha expresado confusión sobre la notificación de esta instrucción. Sin embargo, jueces y magistrados han subrayado la importancia de que la mandataria esté al tanto de la situación, más allá de los problemas técnicos relacionados con el código QR utilizado para la notificación.
Durante la “Conferencia Matutina de los Jueces”, el magistrado Juan José Olvera hizo hincapié en que existen múltiples formas para que la presidenta se entere de decisiones judiciales importantes. “El tema trascendente es ¿está enterada o no? Está enterada. Ella misma lo ha hecho público”, resaltó Olvera, desestimando la queja de Sheinbaum sobre el funcionamiento del código QR. “Eso es una cuestión operativa”, explicó, “que no afecta el proceso”.
Olvera también recordó que la presidenta tiene la opción de acercarse al Tribunal, aunque sugirió que lo hiciera a través de su equipo jurídico. “Ella puede imponerse de esa decisión, como lo hace cualquier ciudadano ante cualquier juicio”, agregó.
La controversia se intensificó cuando Sheinbaum presentó en su ‘Mañanera del Pueblo’ que el código QR de la notificación redirigía a un enlace que confirmaba que el texto “ha sido eliminado”. Esto llevó a la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, a solicitar a un notario que certificara que el código no conducía a ninguna información relevante. “No hay notificación”, acusó Sheinbaum, señalando que la falta de información clara complicaba la situación.
El contexto judicial es complejo. La jueza federal Nancy Juárez ordenó la eliminación del decreto de la reforma al Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Este fallo incluía una advertencia: si Sheinbaum y el director del DOF, Alejandro López, no cumplían en un plazo de 24 horas, podrían enfrentar penas severas, incluyendo prisión y destitución.
La reforma en cuestión plantea la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que ha suscitado tanto apoyo como oposición. Los primeros comicios judiciales están programados para junio de 2025, donde se elegirán a la mitad de los juzgadores, incluidos los once ministros.
A medida que la situación se desarrolla, el debate sobre la reforma y su ejecución sigue vivo. La capacidad de la presidenta y su equipo para manejar este conflicto judicial será fundamental para determinar el rumbo de la política en el país.