Condena y llamado a la justicia por los asesinatos de funcionarios en Chilpancingo
Editor web Maya Comunicación 
Por Juan Pablo Ojeda
En un conmocionante acto de violencia, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se pronunció sobre el asesinato de Alejandro Arcos Catalán y Francisco Tapia Gutiérrez, funcionarios del Ayuntamiento de Chilpancingo. Moreno describió a ambos como «funcionarios jóvenes y honestos que buscaban progreso para su comunidad».
La indignación por estos homicidios no se hizo esperar. ‘Alito’ Moreno fue una de las primeras figuras públicas en posicionarse ante la trágica ejecución de Arcos Catalán, cuyo cuerpo fue hallado en una camioneta en las calles de la capital guerrerense. En un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales la noche del 6 de octubre, el líder priista expresó: “Han asesinado a nuestro alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, y hace apenas tres días al secretario de este mismo Ayuntamiento, Francisco Tapia. Llevaban menos de una semana en el cargo”.
Arcos Catalán, quien ganó las elecciones del 2 de junio representando al PRI en coalición con el PAN y el PRD, se había comprometido a construir un Chilpancingo de paz. Su mensaje inaugural, compartido en redes sociales, reflejaba su deseo de ofrecer un futuro mejor para su comunidad. Sin embargo, solo tres días después de asumir el cargo, Tapia fue ejecutado a tiros en pleno Centro Histórico de Chilpancingo, y Arcos también fue víctima de un ataque brutal que culminó en su homicidio.
Moreno Cárdenas extendió las condolencias del PRI a las familias de las víctimas y exigió la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer ambos casos. “Nuestro pésame y solidaridad para sus familias. Dada la situación de ingobernabilidad en Guerrero, estaremos pidiendo a la FGR que atraiga las investigaciones de ambos asesinatos”, afirmó en su publicación.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó el tema en su conferencia matutina del 7 de octubre, revelando que se han iniciado labores de coordinación entre las autoridades federales y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero. Además, destacó que se evaluará la posibilidad de que la FGR asuma la responsabilidad de las investigaciones, si se considera necesario.
Este trágico episodio pone de relieve la grave crisis de seguridad que enfrenta Guerrero, donde los funcionarios públicos están bajo constante amenaza. La sociedad exige justicia y un compromiso real por parte de las autoridades para erradicar la violencia que afecta a sus comunidades.
