Por Bruno Cortés

En una reunión de trabajo celebrada en el Senado de la República, integrantes de la Comisión de Recursos Hídricos e Infraestructura Hidráulica sostuvieron un productivo diálogo con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para conocer los resultados de los foros nacionales “Transformando el Régimen del Agua en México”. Estas mesas de discusión, realizadas entre el 27 de enero y el 14 de febrero, sentaron las bases para un ambicioso proyecto legislativo: reformar la Ley de Aguas Nacionales y construir una nueva Ley General de Aguas, ambas orientadas a garantizar el acceso equitativo y sustentable al recurso hídrico.

El presidente de la comisión, el senador morenista Armando Ayala Robles, celebró la apertura al diálogo territorial y multisectorial que caracterizó los 13 foros realizados en distintos estados de la República. “Ahí se escuchó al pueblo, se escuchó a los sectores. Nos queda claro que estas conclusiones son resultado de escuchar la voz del pueblo para contar con bases para hacer un proyecto de reforma. Que no se diga que no escuchamos las voces de los ciudadanos”, afirmó el legislador.

Durante el encuentro, Óscar Jovanny Zavala Gamboa, subdirector General Jurídico de Conagua, explicó que los foros reunieron a más de cinco mil personas, entre académicos, autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía interesada. “La gran conclusión es que urge una transformación profunda del marco legal. El actual modelo no responde a la realidad hídrica del país”, subrayó.

En este sentido, Zavala Gamboa detalló que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales incluiría la definición de delitos hídricos para sancionar con firmeza el uso indebido, explotación y aprovechamiento ilegal de las aguas nacionales. Además, se propondría la creación de un fondo nacional de agua que funcione como reserva estratégica para atender zonas con escasez, priorizando el derecho humano al agua por encima de intereses económicos o industriales.

Por su parte, la nueva Ley General de Aguas, cuya redacción comenzará en los próximos meses, establecería de forma clara las competencias de los tres órdenes de gobierno en la gestión del recurso. También reconocerá el derecho de los pueblos y comunidades originarias al uso preferente del agua en sus territorios, un paso fundamental hacia la justicia hídrica en regiones históricamente marginadas.

En el plano legislativo, distintas voces expresaron posturas constructivas. La senadora Laura Itzel Castillo Juárez (Morena) pidió una sola norma robusta que unifique el marco legal. “La actual Ley de Aguas Nacionales fue impuesta por gobiernos neoliberales que entregaron el agua a manos privadas. Necesitamos una ley del pueblo y para el pueblo”, sostuvo. Mientras tanto, la senadora Gina Campuzano (PAN) reconoció el esfuerzo del Gobierno Federal por atender la crisis en regiones como Durango, donde recientemente se activaron proyectos hidráulicos clave.

El senador Virgilio Mendoza Amezcua (PVEM) puso sobre la mesa la necesidad de contemplar compensaciones para municipios que abastecen de agua a zonas metropolitanas, mientras que Paloma Sánchez Ramos (PRI) advirtió sobre la gravedad de la crisis en Sinaloa. “Las presas están al ocho por ciento. Necesitamos declarar emergencia hídrica en mi estado. Sin agua, no hay alimentos”, remarcó.

El diálogo fue acompañado por funcionarios de Conagua como Javier Buenrostro Sánchez, coordinador general de Comunicación y Cultura del Agua, y Jesús Heriberto Montes Ortiz, gerente de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos. Ambos coincidieron en que el reto es monumental, pero también lo es la oportunidad de construir un nuevo régimen legal que ponga en el centro a las personas, el medio ambiente y la sostenibilidad del recurso más vital para la vida.

La integración de un libro de memorias con las conclusiones de los foros y su análisis será el siguiente paso antes de someter el proyecto de reforma a la consideración de la titular del Ejecutivo federal. Con ello, México se encamina hacia una legislación moderna, justa y humanista en materia hídrica, con amplio respaldo social y legislativo.