Editor web Maya Comunicación La organización estadunidense Polaris informó que de 2007 a la fecha se tienen datos de 10 mil víctimas de trata de origen mexicanos en ese país.
Andrea Rojas, directora de la Iniciativa Estratégica contra la Trata Laboral, destacó que sólo entre 2015 y 2020 se registraron 4 mil 20 personas de origen mexicano afectadas, 90 por ciento de las cuales tenían visa de trabajo temporal.
Al participar en la mesa Diálogo sobre reclutamiento responsable en México (de trabajadores agrícolas, migrantes y otros), organizada por el Senado, expuso que en 2020, durante la pandemia, fueron 826 los connacionales con visas de trabajo afectados por ese delito en el país vecino, además de que subió de 20 a 34 por ciento la cifra de paisanos a los que negaron atención médica durante la emergencia sanitaria, y todos sufrieron algún tipo de fraude pese a contar con ese documento.
Insistió en que las visas temporales de trabajo “pueden ser un mecanismo para migrar de manera regular, pero presentan fallas, lo que facilita el abuso y la trata de personas”. Consideró que el sistema de reclutamiento es la forma más simple para perpetrar ese delito, ya que en los empleadores hay un profundo origen racista, no respetan el derecho a la sindicalización y mantienen a los trabajadores amenazados.
Precisó que la trata de personas mediante ese mecanismo se da porque hay “poca supervisión durante el proceso de contratación, ya que los trabajadores no saben quién es responsable de su empleo, lo que disminuye la responsabilidad de sus patrones.
“Hay fraude, engaño, coerción y otros”, que constituyen fallas sistémicas en el sistema de reclutamiento para laborar en Estados Unidos. Indicó que de acuerdo con datos de esa organización, 50 por ciento de los trabajadores temporales fueron engañados o coercionados por los reclutadores.
A su vez, Pedro Furtado Oliveira, de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba, llamó a usar herramientas para proteger los derechos de los trabajadores migratorios en el corredor México-Guatemala, donde “tratamos con los gobiernos local y federal, organizaciones de trabajadores, empresas y medios de comunicación para fomentar la contratación equitativa”.
