Ciudad de México, 19 de octubre del 2023. El escenario político y administrativo de la Alcaldía Benito Juárez se encuentra convulsionado a raíz de las 130 denuncias presentadas por presuntos actos de corrupción vinculados al denominado «Cártel Inmobiliario». Estas denuncias se asocian con una serie de irregularidades, que abarcan desde la falsificación de documentos hasta cuestiones relacionadas con la transmisión legal de la propiedad, así lo comunicó Néstor Vargas Solano, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.
Estas denuncias fueron formalizadas entre agosto de 2022 y julio de 2023 y van dirigidas contra diversas constructoras y servidores públicos de la demarcación, actualmente bajo la administración del panista Santiago Taboada. Entre las acusaciones más frecuentes se encuentran: violaciones al uso de suelo, exceso en los niveles de construcción, alteración de documentos en contra de la fe pública, omisión del régimen de propiedad en condominio, falta de servicios básicos y problemas en la transmisión de propiedades.
Durante una comparecencia ante legisladores, Vargas Solano detalló las acciones emprendidas para afrontar esta situación, que incluyen medidas como: la custodia de folios, esfuerzos para regularizar la situación de compradores de buena fe, evaluaciones de seguridad estructural y acciones para regularizar la zonificación. Sin embargo, el consejero jurídico destacó que, a pesar de estas medidas, muchos de los afectados «no se han dejado ayudar».
En el contexto de estas investigaciones, lideradas por la Fiscalía General de Justicia y la Contraloría General, el alcalde Taboada ha decidido solicitar al Congreso local una licencia de 41 días. Esta decisión llega justo antes de que el panista pretenda postularse como candidato de la alianza opositora —formada por el PRI, PAN y PRD— para la Jefatura de Gobierno en las elecciones de 2024.
Por otro lado, en relación con las acciones anticorrupción realizadas en el Registro Público de la Propiedad, se han presentado 24 denuncias penales por falsificación y uso indebido de documentos. Además, existen cuatro quejas administrativas por el ejercicio ilegal del servicio público. De estas quejas, dos ya han sido llevadas ante la justicia, resultando en una sentencia condenatoria de prisión por cinco años y la destitución de un servidor público.
En medio de esta turbulencia, se reveló que de las 59 controversias constitucionales contra el Gobierno de la Ciudad, 31 han sido desestimadas. Mientras que, en cuanto a acciones de inconstitucionalidad, se reportan 5 favorables, 19 parcialmente desfavorables y una totalmente desfavorable.