En una medida que promete impactar significativamente el mercado de alquileres temporales, el Congreso de la Ciudad de México ha aprobado una nueva regulación que pone un tope al número de noches que una propiedad puede ser alquilada a través de plataformas digitales como Airbnb. Con esta iniciativa, se busca frenar el fenómeno de la gentrificación y equilibrar la competencia entre los alojamientos turísticos temporales y los hoteles tradicionales.
Detalles de la regulación
La nueva normativa establece que los inmuebles podrán ser alquilados temporalmente por un máximo de 180 noches al año, es decir, la mitad del año. Además, la ley prohíbe que propiedades destinadas a vivienda social o reconstruidas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 se ofrezcan en este tipo de plataformas, con el objetivo de preservar su carácter social.
Objetivos de la reforma
La iniciativa, impulsada por el jefe de Gobierno Martí Batres, responde a la creciente preocupación por el impacto del turismo digital en el mercado de vivienda de la capital. El aumento del alquiler temporal ha contribuido a la gentrificación en zonas clave de la ciudad, desplazando a los residentes tradicionales y alterando los precios de la vivienda.
Reacciones y controversias
La reforma ha generado un intenso debate en el Congreso. Mientras algunos legisladores consideran que es una medida crucial para proteger a los residentes y al sector hotelero, otros, como los miembros del PAN, argumentan que atenta contra el derecho a la propiedad privada y podría dar lugar a un mercado negro de alquileres.
El diputado César Emilio Guijosa, defensor de la regulación, subrayó la importancia de abordar los efectos negativos del turismo digital, aunque los opositores advierten que limitar el número de noches podría no resolver los problemas de fondo y, en cambio, complicar aún más la situación.
Con esta reforma, la Ciudad de México da un paso más hacia una regulación más estricta de las plataformas digitales de alquiler, sumándose a las acciones previamente implementadas para equilibrar el crecimiento del turismo y proteger el acceso a la vivienda.