¿Cómo cambiará la reforma en seguridad pública la coordinación entre gobierno y policía?
Editor web Maya Comunicación 
Por Bruno Cortés
En el Congreso de la Unión se sigue trabajando en las reformas que buscan mejorar la seguridad en el país. Esta vez, la Cámara de Diputados discutió una modificación clave en la Constitución, que tiene que ver con cómo se manejará la seguridad pública a nivel nacional y cómo se distribuirán los recursos para garantizar que las policías puedan hacer bien su trabajo.
El dictamen, que fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales, plantea una reforma en el artículo 21 de la Constitución para que haya una coordinación más eficiente entre las diferentes fuerzas de seguridad en el país. Según esta reforma, la investigación de delitos ya no solo dependerá de las policías locales, sino que también estará a cargo de otras instituciones clave como el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, las cuales, en todo momento, deberán seguir un mando único para que no haya confusión ni duplicidad en las acciones.
Una de las propuestas más importantes de esta reforma es el manejo de los fondos destinados a la seguridad pública. El dinero que proviene de la Federación, que antes se asignaba de manera más general, ahora se dará a los estados y municipios, pero con la condición de que esos recursos sean usados exclusivamente para seguridad. Además, estos fondos estarán bajo vigilancia constante. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, con un Secretariado Ejecutivo, se encargará de auditar que el dinero se utilice correctamente y que los recursos se gestionen de manera transparente.
Este Secretariado Ejecutivo también tendrá la responsabilidad de crear reglas claras y lineamientos para que todos los involucrados en el sistema de seguridad pública, desde el gobierno federal hasta las autoridades locales, trabajen bajo los mismos estándares. Todo esto con la finalidad de hacer que la seguridad en el país sea más efectiva, pero sobre todo, más coordinada.
La reforma también destaca que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana será la encargada de formular y coordinar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Esto quiere decir que el gobierno federal tendrá un papel más activo en la creación de políticas y programas que ayuden a reducir la violencia y la delincuencia en todo el territorio mexicano. Además, podrá coordinarse con las diferentes entidades y dependencias del Estado para obtener la información necesaria para aclarar y resolver casos de delitos.
Sin embargo, para que todo esto suceda, se tendrá que realizar un proceso de armonización normativa, es decir, adaptar las leyes y regulaciones para que los nuevos cambios puedan entrar en vigor. Esta tarea está a cargo de la Secretaría de Seguridad, que tiene un plazo de noventa días después de que se publique oficialmente el decreto. Pero no todo es positivo, ya que los recursos para implementar estas reformas deberán salir del presupuesto actual de la Secretaría de Seguridad, lo que quiere decir que no habrá dinero extra durante este año fiscal.
En resumen, con esta reforma, el gobierno federal busca mejorar la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad, asegurarse de que el dinero para la seguridad se gaste bien y darle más poder a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para formular políticas nacionales que ayuden a disminuir los delitos en todo el país. Sin duda, es un paso importante en la lucha contra la inseguridad, pero también plantea varios retos para que los cambios realmente se logren de manera efectiva.
