Comisión analiza cambios a mecanismo al ejercicio de Presupuesto Participativo
Editor web Maya Comunicación 
La Comisión de Participación Ciudadana del Congreso capitalino llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la emisión de propuestas de modificación a la Guía Operativa para el Ejercicio de los Recursos del Presupuesto Participativo de las Alcaldías de la Ciudad de México, a fin de facilitar la ejecución efectiva de proyectos a realizarse durante 2023 y 2024.
Al iniciar el diálogo, la diputada Xóchitl Bravo Espinosa (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas), presidenta de la comisión, indicó que ante la incertidumbre expresada por los vecinos, en cuanto al avance y la viabilidad de los proyectos presentados y aprobados, es fundamental impulsar una coordinación entre alcaldías, instituciones, autoridades de gobierno y ciudadanía, para brindar el acompañamiento y asesoría necesaria durante la ejecución de las obras.
Asimismo, comentó que las y los ciudadanos han expresado inquietudes en torno al ejercicio de los recursos respecto a los proyectos en asentamientos humanos irregulares en áreas de conservación, así como en unidades habitacionales y sobre la viabilidad de la implementación de ecotecnologías.
En su participación, Juan Fernando Rubio Quiroz, asesor legal de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), expresó que es fundamental el acompañamiento jurídico y de las acciones a ejecutar, por lo que deben socializarse las guías, padrones y proyectos que realizan las dependencias, pues son herramientas con que cuenta la población; además, puntualizó que las ecotecnias son una importante alternativa para mitigar impactos ambientales, por lo que son viables.
Por su parte, Bertha María Elena Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de la Ciudad de México, enfatizó que la Ley de Participación Ciudadana no considera a SEDEMA, Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR), ni la Procuraduría Social (PROSOC), como autoridades en materia del Presupuesto Participativo, por lo que las posibles adecuaciones a la guía operativa son limitadas.
En este sentido, señaló que se debe considerar que este ordenamiento permite tener información sobre el proceso de aplicación de los recursos en comento en plataformas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por lo que las dependencias pueden conocer el estatus de los proyectos aprobados y coadyuvar para una mejor aplicación.
En su participación, Columba Jazmín López Gutiérrez, titular de la Dirección General de la CORENADR, indicó que la situación de los asentamientos humanos irregulares es confusa, porque a pesar de tener derecho a acceder al Presupuesto Participativo, tienen limitaciones y no son apoyados con lo requerido, aun cuando cuentan con los estudios de impacto urbano con resultados positivos, situación que requiere de este tipo de mesas de trabajo para lograr el esfuerzo coordinado entre instituciones.
Al tomar la palabra, Omar Piña Hernández, coordinador general de Asuntos Jurídicos de la PROSOC, comentó que en el caso de las unidades habitacionales se tiene un programa autorizado con 250 millones de pesos, con una meta física de mil inmuebles de interés social, lo cual es difícil de alcanzar; además, explicó que los vecinos han señalado que enfocan el apoyo a obras que requieren más apoyo, por lo que es importante buscar alternativas para conjuntar recursos de diversos programas.
