Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, reconoció recientemente los desafíos derivados de la eliminación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), subrayando la necesidad de fortalecer el crédito en el sector agrícola para impulsar el desarrollo rural en México.
La extinción de la FND, oficializada el año pasado como parte de la eliminación de 109 fideicomisos ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020, dejó un vacío significativo en la otorgación de créditos destinados al campo. Esta institución tenía como objetivo principal proporcionar financiamiento para compensar la falta de acceso a la banca tradicional en el sector agropecuario.
Durante un evento organizado por Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA), Ramírez de la O destacó que solo el 6% de los municipios rurales en México están cubiertos por la banca comercial, evidenciando la limitada presencia de entidades financieras en áreas rurales. Antes de su extinción, la FND y el FIRA operaban en conjunto para atender la demanda de crédito agropecuario, abarcando tanto el primer como el segundo nivel de financiamiento.
El secretario de Hacienda enfatizó que el crédito para el sector agropecuario debe desempeñar un papel fundamental en la política pública, subrayando la necesidad de diseñar estrategias de financiamiento mejor articuladas para apoyar al campo mexicano. En este sentido, mencionó la disponibilidad de herramientas tecnológicas y financieras, así como el acceso a internet y la información, como elementos clave para mejorar la eficiencia en la distribución de créditos.
La reforma impulsada por el presidente López Obrador argumentó que la FND estaba ineficiente y no cumplía adecuadamente con su objetivo de impulsar el desarrollo rural. El último reporte de la institución reveló pérdidas significativas y un alto índice de morosidad, factores que sustentaron la decisión de su eliminación.
En conclusión, Ramírez de la O señaló la necesidad de una revisión integral de las políticas de financiamiento agrícola para responder de manera efectiva a las necesidades del campo mexicano, aprovechando las herramientas disponibles y diseñando modelos que puedan ser implementados con éxito en beneficio de los productores rurales.