Claudia Sheinbaum presenta su declaración patrimonial como presidenta de México
Editor web Maya Comunicación 
Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cumplió con la obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por Raquel Buenrostro. Este acto es parte del proceso de transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos, como lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En su declaración, Sheinbaum detalló su patrimonio, que incluye un departamento con un valor de 2 millones 700 mil pesos y un automóvil Aveo 2013, que adquirió hace más de diez años por un precio de 169 mil pesos. La mandataria también informó que su salario neto mensual como presidenta es de 134 mil 290 pesos, y dejó claro que no percibe otros ingresos fuera de su cargo público.
Respecto a sus bienes inmuebles, la presidenta indicó ser dueña de un departamento de 100 metros cuadrados, adquirido en 1999 a través de un crédito hipotecario. También reveló poseer bienes muebles como un vehículo Aveo de 2013, comprado de contado en 2012 por 164 mil 900 pesos.
Además, Sheinbaum mencionó que tiene cuentas bancarias en BBVA Bancomer, que incluyen una cuenta de cheques, un fondo de inversión y una tarjeta de crédito sin adeudos. En cuanto a sus participaciones empresariales, la presidenta detalló que posee el 8 por ciento de las acciones de dos empresas en la industria manufacturera, ELI CAMI CIA en el Estado de México y SINTACROM DE MÉXICO en Guanajuato, de las cuales no ha recibido remuneración ni tomado decisiones en los últimos dos años.
Esta declaración es parte de la obligación de los servidores públicos federales de transparentar sus bienes y patrimonio dentro de los 60 días naturales posteriores a su toma de posesión, tal como lo estipula el Artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La mandataria subrayó su compromiso con la transparencia y la legalidad, en línea con lo que establece la Constitución y las normativas del servicio público.
La publicación de esta declaración patrimonial tiene como objetivo garantizar la confianza pública y la legalidad en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, también se incluyen las sanciones administrativas para quienes incumplen los principios de honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus cargos, como se establece en el Artículo 108 de la Constitución.
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