Por Bruno Cortés
La presidenta Claudia Sheinbaum ha iniciado gestiones para repatriar a Ismael «El Mayo» Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, detenido en EE.UU. en julio de 2024. Este movimiento, respaldado por el tratado bilateral de extradición, busca fortalecer la jurisdicción mexicana en casos de narcotráfico, según fuentes cercanas a la administración federal.
La posibilidad de repatriar a Zambada podría materializarse una vez concluya su juicio en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico. El artículo 4 del Tratado de Extradición México-EE.UU. permite transferencias posteriores a sentencias, un mecanismo que expertos como Javier Oliva, analista de la UNAM, consideran clave para reforzar la capacidad judicial local en delitos transnacionales. Sin embargo, el proceso dependerá de negociaciones bilaterales, especialmente ante la postura de asesores de Donald Trump, quienes plantean tratar a los cárteles como organizaciones terroristas y acelerar deportaciones si regresan a la Casa Blanca.
Paralelamente, Sheinbaum investiga si agentes estadounidenses intervinieron en territorio mexicano durante la captura de Zambada, quien fue trasladado a EE.UU. tras ser engañado por un rival del cártel. La mandataria exigió al gobierno de Biden detalles sobre el operativo, subrayando que acciones unilaterales violarían la soberanía nacional. «Este caso no solo es judicial, sino de principios», declaró en un comunicado reciente.
La captura de «El Mayo», marcada por tensiones diplomáticas, ha reavivado debates sobre los métodos de cooperación antidrogas. Mientras Washington celebra el arresto como un triunfo, México insiste en que la falta de coordinación podría sentar un precedente riesgoso. Analistas como Ana María Salazar, experta en seguridad, advierten que este episodio redefine la relación bilateral: «La repatriación sería un logro estratégico si se garantizan procesos legales transparentes y respeto mutuo», señaló en Foreign Affairs Latinoamérica.
En el ámbito político interno, la gestión de Sheinbaum busca proyectar una imagen de firmeza ante el crimen organizado sin ceder ante presiones externas. Su enfoque combina reclamos de soberanía con un llamado a modernizar los mecanismos de extradición, algo que, según fuentes oficiales, permitiría a México liderar su propia estrategia antidrogas.
El caso también expone fisuras en la política estadounidense: mientras el gobierno actual de Biden evita comentar detalles del operativo, voceros de Trump insinúan que su administración priorizaría deportar a capos en lugar de juzgarlos en cortes federales. Para México, esto representa tanto un desafío como una oportunidad para negociar bajo el principio de reciprocidad.
Más allá de las tensiones, este escenario subraya un giro en la lucha regional contra el narcotráfico, donde México insiste en equilibrar cooperación internacional con autonomía jurídica. La posible repatriación de Zambada no solo sería un hecho histórico, sino un test para demostrar que las soluciones locales, respaldadas por marcos globales, pueden ser igualmente efectivas.
