Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó recientemente dos reformas significativas que afectan el proceso de selección de jueces, magistrados y ministros. Estas propuestas buscan modificar la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo que ha generado controversia y críticas desde diversos sectores.
La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales introduce cambios en las reglas de selección de candidatos para puestos clave en el Poder Judicial. Según la legislación actual, los Comités de los tres Poderes de la Unión generan una lista de 10 candidatos para cada cargo vacante, que luego se ajusta mediante un proceso de insaculación. Sin embargo, con la nueva propuesta de Sheinbaum, este proceso se complica: después de la elaboración de las listas, estas deberán ser devueltas a la presidenta o al Pleno de los Poderes para su “conformidad” antes de proceder a la insaculación.
Este cambio significaría que Morena, al tener el control de la presidencia y de ambas cámaras del Congreso, podría vetar a candidatos que no le sean afines, lo que suscita preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial. En particular, no se establecerá un contrapeso para vetar las candidaturas a la presidencia del Poder Judicial, lo que podría resultar en un control absoluto por parte de Morena.
El ex candidato presidencial Ricardo Anaya criticó la inconsistencia en este proceso durante la reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado. Anaya enfatizó que la reforma no solo limita la votación libre, directa y secreta, sino que también asegura que solo los candidatos que cuenten con la aprobación de la presidenta y de la mayoría de los legisladores tengan posibilidades de postularse.
“Con estos filtros, están engañando a la gente al decir que podrán votar de manera libre, porque ustedes van a definir quién aparece en la boleta”, afirmó Anaya, destacando que esto podría significar un “control total y absoluto” por parte de Morena sobre todas las candidaturas.
El debate sobre estas reformas plantea interrogantes sobre la independencia judicial y el futuro del sistema democrático en México. Mientras el gobierno argumenta que estas medidas fortalecerán el servicio público, la oposición advierte que podrían socavar los principios de separación de poderes.