Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2022.- En el Gobierno de la Ciudad de México no hay tolerancia para el abuso policial. La actuación de los mandos en San Gregorio Atlapulco, en la Alcaldía Xochimilco el viernes pasado fue indebida, por ello, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo ha pedido a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México realice la investigación correspondiente.
En tanto, se tomó la decisión de separar del cargo al director general de Concertación Política de la zona sur, Emigdio Tonatiuh Ávila Obispo; así como al director general de la Unidad de Policía Metropolitana Fuerza de Tarea, Luis Adrián Huerta Laguna.
La mandataria capitalina instruyó al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch; y al secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, la amplia difusión del “Acuerdo para la actuación policial en la prevención de violencias y actos que trasgredan el ejercicio de derechos durante la atención a manifestaciones y reuniones de la Ciudad de México”, trabajado con organizaciones civiles y publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 14 de agosto de 2020.
Asimismo, instruyó al secretario de Seguridad Ciudadana inicie una mejor capacitación a servidores públicos para garantizar el cumplimiento de leyes, normas y protocolos de uso de la fuerza pública y protección de los derechos humanos.
Sobre las obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) en San Gregorio Atlapulco y Caltongo en Xochimilco, se informa que se trata de obras de drenaje para beneficio del saneamiento de los canales de la zona y que fueron solicitadas, en su momento, por los propios pueblos; cabe mencionar que previo al inicio de los trabajos se realizaron diversas asambleas.
Sin embargo, dada la inconformidad de algunos pobladores se ordena a SACMEX la suspensión de las obras, y a la Secretaría de Gobierno que continúe con el diálogo para evaluar las diferentes alternativas para el saneamiento de los canales que sean planteadas por los pobladores de San Gregorio Atlapulco.
Sobre el Programa de Ordenamiento Territorial, instruyó a las instancias encargadas, explicar con todo detalle el proyecto, así como realizar un proceso de discusión con Ejidos y Comunidades hasta que quede perfectamente claro que no habrá nada que propicie la privatización de la propiedad social en el suelo de conservación.
Se repondrá el proceso de registro de pueblos iniciado hace algunos meses por la Secretaría de Pueblos Indígenas, de tal forma que se inicie un proceso más claro y participativo con apoyo de la Comisión de Derechos Humanos local, para definir la representación de los pueblos de acuerdo con usos y costumbres.
Finalmente es necesario denunciar la oportunista postura del conservadurismo. A quienes nunca les ha importado ni la propiedad social ni el suelo de conservación. Por el contrario, han hecho del desarrollo inmobiliario ilegal un negocio privado a costa de los pueblos. Hoy simulan preocupación cuando su objetivo siempre ha sido privatizar la propiedad social.