Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre el proceso de desafuero del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo, pidiendo que este procedimiento no sea utilizado con fines políticos. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que la decisión de desaforar al legislador corresponde a la Cámara de Diputados, y que esta debe basarse exclusivamente en pruebas y en el marco legal, no en intereses políticos.
“Es una decisión de ellos (los diputados), y tiene que sustentarse en si hay pruebas o no, que no sea un asunto político”, señaló la presidenta. Sheinbaum recalcó que la Comisión Instructora de la Cámara debe revisar si existen elementos suficientes para proceder con el desafuero, evitando que se politice el proceso.
Este mes inicia el plazo de 30 días para que tanto la Fiscalía de Morelos como la defensa de Cuauhtémoc Blanco presenten las pruebas necesarias ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados en el marco del proceso judicial. Raúl Bolaños Cacho, miembro de la Sección Instructora, detalló que el plazo comenzó desde la notificación formal a Blanco, quien tendrá la oportunidad de presentar sus pruebas de defensa.
El presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores, también indicó que una reunión de trabajo se llevará a cabo esta semana o al inicio de la siguiente para “afinar algunos detalles” sobre el proceso, subrayando que las etapas procesales se están siguiendo conforme a la ley y que, en su momento, se tomará una decisión jurídica, no política.
Cabe recordar que Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y actual diputado federal, está siendo señalado por la Fiscalía de Morelos por un presunto caso de violación en grado de tentativa contra su media hermana, Nidia Fabiola «N». Este grave señalamiento ha puesto en el centro del debate la legalidad y transparencia del proceso de desafuero.
La postura de Sheinbaum refuerza la importancia de que el sistema judicial y el Legislativo actúen con imparcialidad, para garantizar que los procedimientos se realicen con base en la ley y no en agendas políticas.
