La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró en la conferencia matutina de Palacio Nacional que la investigación contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, es un tema que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) y no a su gobierno. Sheinbaum enfatizó que la denuncia contra Aureoles ha estado en manos de la FGR desde hace varios años y que su gobierno no tiene involucramiento directo en el proceso.

«Es un asunto de la Fiscalía desde hace años. Esta carpeta de investigación no es un asunto del Gobierno federal, ni de la presidenta, ni del Gabinete», expresó Sheinbaum, dejando claro que el Gobierno de la República no tiene injerencia en la situación legal del exmandatario michoacano.

La presidenta añadió que la denuncia que originó la investigación contra Aureoles es de carácter antiguo, y que el Gobierno federal solo se limita a observar los avances del caso desde el marco legal que le corresponde a la FGR. «No tengo más conocimiento y que sea la Fiscalía quien informe de esta situación», puntualizó Sheinbaum.

El fin de semana, se reveló que Silvano Aureoles enfrenta una orden de aprehensión por el delito de peculado, relacionada con su tiempo al frente del Gobierno de Michoacán (2015-2021). La noticia también trascendió que varios exfuncionarios de su administración ya han sido detenidos y enfrentan graves cargos por diversos delitos.

Cuatro excolaboradores de Aureoles, quienes fueron parte de su equipo en Michoacán, fueron arrestados y ahora se encuentran bajo prisión preventiva justificada. Los detenidos son Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; J. Antonio Bernal Bustamante, extitular de Seguridad Pública; Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración; y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC).

Estos cuatro exfuncionarios son señalados por presuntos delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero. Los detalles sobre su situación jurídica se darán a conocer el próximo jueves 6 de marzo, cuando se prevé que se determine su futuro legal.

La situación de Aureoles y sus exfuncionarios continúa siendo un tema delicado que la FGR maneja con sigilo, mientras que la presidenta Sheinbaum se ha mantenido firme en señalar que la investigación está completamente fuera del ámbito del Gobierno federal y es un proceso judicial autónomo.