Por Bruno Cortés
En un esfuerzo por abordar un déficit habitacional que ha aumentado durante las últimas décadas, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha prometido la construcción de 200 mil viviendas. Esta iniciativa busca enfrentar un déficit que, según cálculos de empresarios de la construcción, supera las 350 mil viviendas en la capital. Durante la presentación de su programa de vivienda, Brugada fue clara: «No se edificará ninguna vivienda en cerros, zonas verdes o de conservación», subrayando la importancia de preservar el medio ambiente mientras se atiende a la necesidad de vivienda.
La mandataria aseguró que su administración no permitirá el crecimiento urbano en áreas que comprometan el futuro de la ciudad. «Hoy hay una política de vivienda como no ha habido en mucho tiempo, y hoy se va a profundizar para que nadie tenga que ir a invadir una zona de conservación ecológica», expresó Brugada. Esta declaración refuerza el compromiso de su gobierno con un desarrollo urbano sostenible y respetuoso con la naturaleza, evitando la gentrificación y la invasión de espacios naturales.
La política habitacional de Brugada se centra en transformar la vida de los habitantes de la Ciudad de México mediante 200 mil acciones de vivienda durante su administración, de las cuales 30 mil se realizarán este mismo año. Este plan no solo aborda la escasez de viviendas sino que también promueve el derecho a la ciudad, definido por la jefa de Gobierno como «el derecho de los habitantes a construir, decidir y crear la ciudad, convirtiéndola en un espacio de vida mejor y de lucha». Este enfoque inclusivo y participativo busca empoderar a las comunidades y asegurar que el desarrollo urbano beneficie a todos.
Una de las grandes ventajas de este plan es su enfoque en la justicia social y ambiental. Al evitar la construcción en áreas ecológicas sensibles, se garantiza no solo el acceso a una vivienda digna sino también la preservación de los recursos naturales de la ciudad. Esto podría sentar un precedente para otras ciudades latinoamericanas que luchan con problemas similares de déficit habitacional y expansión urbana descontrolada.
Además, la promesa de Brugada de gestionar 200 mil acciones de vivienda en el próximo sexenio subraya un compromiso ambicioso con el derecho humano a la vivienda. Este proyecto representa una oportunidad para regenerar zonas urbanas degradadas, mejorar las condiciones de vida y reducir la desigualdad en el acceso a la vivienda. La colaboración con diversos actores del sector, incluyendo empresarios de la construcción, sugiere un enfoque pragmático y colaborativo que podría facilitar la ejecución de estos proyectos.
El plan de vivienda de Brugada también incluye políticas para la regularización de la tenencia de la tierra y el apoyo a la construcción de viviendas en renta con opción a compra, particularmente para jóvenes, adultos mayores y comunidades indígenas. Este aspecto social del programa podría ser un punto de inflexión en la lucha contra la exclusión habitacional en una ciudad que ha visto cómo la gentrificación desplaza a sus habitantes tradicionales.
Desde el punto de vista económico, la construcción de estas viviendas podría impulsar el sector de la construcción, generando empleo y activando la economía local. Asimismo, al aumentar la oferta de vivienda, podría eventualmente estabilizar o incluso reducir los precios de las rentas y propiedades, haciendo la vivienda más accesible para una mayor parte de la población.
Claro está, este ambicioso proyecto no está exento de desafíos. La ejecución de 200 mil acciones de vivienda en un periodo de seis años requerirá una coordinación sin precedentes entre las autoridades locales, el sector privado y la sociedad civil. Sin embargo, con el respaldo de políticas públicas bien estructuradas y un liderazgo decidido, como el que Brugada ha demostrado, hay razones para ser optimistas sobre el futuro de la vivienda en la Ciudad de México.
Finalmente, este plan de vivienda representa no solo un compromiso con el desarrollo urbano sostenible y equitativo sino también un reconocimiento del derecho a la ciudad como un derecho humano fundamental. La administración de Brugada tiene la oportunidad de marcar una diferencia significativa en la vida de miles de capitalinos, demostrando que la política de izquierda puede ser sinónimo de progreso y justicia social en la Ciudad de México.
