Por Juan Pablo Ojeda
El viernes, los condados de San Francisco y otras ciudades de Estados Unidos anunciaron que presentarán una demanda ante el Distrito Norte de California con el objetivo de que un tribunal declare ilegales las acciones emprendidas por la Administración de Donald Trump contra las jurisdicciones refugio para migrantes indocumentados. Los demandantes consideran que las acciones federales son inconstitucionales.
La denuncia surge después de que el gobierno de Trump ordenara a las oficinas de los fiscales federales investigar y procesar a cualquier funcionario local que desafiara los esfuerzos federales de control migratorio. Según el fiscal municipal de San Francisco, David Chiu, el gobierno federal está coaccionando a los funcionarios locales para que se sometan a sus políticas de inmigración o enfrenten la retirada de fondos o el enjuiciamiento, lo que él considera ilegal y autoritario.
Chiu afirmó en una conferencia de prensa: “El gobierno federal está coaccionando a los funcionarios locales para que se sometan a su voluntad o se enfrenten a la retirada de fondos o al enjuiciamiento, y eso es ilegal o autoritario. Que yo sepa, todavía vivimos en una democracia bajo el imperio de la ley, y el gobierno federal debe cumplir la ley”.
La orden ejecutiva de Trump y sus consecuencias
La demanda llega tras la firma de una orden ejecutiva el 20 de enero, el mismo día de la investidura de Trump, en la que se amenazaba con recortar el financiamiento federal a las ciudades refugio y con solicitar el enjuiciamiento de los funcionarios que obstruyeran las políticas federales de inmigración.
Las ciudades refugio, como las que incluyen a San Francisco, Chicago y otros estados de Illinois, limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras autoridades federales en temas como detenciones y deportaciones de migrantes indocumentados. Estas políticas se consideran un acto de protección para los migrantes y, según los críticos, una forma de rechazar el control migratorio de la administración Trump.
El Departamento de Justicia de EE. UU. emitió un memorando el 21 de enero advirtiendo a las jurisdicciones locales que la ley federal prohíbe obstruir las órdenes relacionadas con la inmigración. Según este memorando, las políticas de protección migratoria de las ciudades refugio representan un riesgo para la seguridad pública y la seguridad nacional.
Un segundo memorando, emitido el 5 de febrero, solicitó que se suspendiera la financiación federal a las ciudades y estados que interfieran con las operaciones de la ley federal en el ámbito migratorio. Esta medida está generando una fuerte resistencia, especialmente en ciudades como San Francisco, que recibe 3. mil millones de dólares anuales en fondos federales, de los cuales al menos 8.7 millones provienen del Departamento de Justicia para programas de seguridad pública.
Impacto en las ciudades y la primera demanda judicial
La retirada de fondos federales a San Francisco podría tener un impacto catastrófico, según advirtió el fiscal David Chiu. Además de San Francisco, el estado de Illinois y Chicago, conocidos por tener algunas de las protecciones más fuertes para migrantes, también enfrentan esta primera demanda judicial impulsada por la administración de Trump, que busca frenar las políticas migratorias locales mediante la retención de recursos federales.
Este enfrentamiento legal pone de relieve la creciente tensión entre las jurisdicciones refugio y la administración federal en relación con las políticas de inmigración, en un contexto de polarización política en Estados Unidos. La demanda es una respuesta directa a lo que algunos consideran una presión del gobierno federal sobre las ciudades que defienden los derechos de los migrantes indocumentados.
