Por Juan Pablo Ojeda
En el corazón de la frontera entre México y Estados Unidos, Ciudad Juárez enfrenta una realidad cruda y desgarradora. Con más de 8,000 asesinatos registrados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la ciudad se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia que asola al país. Este alarmante aumento, que duplica los 3,500 homicidios del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, refleja no solo la complejidad del crimen organizado, sino también la fragilidad de un sistema de seguridad que parece estar al borde del colapso.
Los datos, recopilados por organizaciones civiles con información oficial, revelan un panorama desolador. “Desde aquellos años mencionábamos que la seguridad estaba sostenida con alfileres. Ahora, con estas cifras, podemos afirmar que la violencia nunca se ha ido y que la seguridad es un espejismo”, explica Sergio Mesa, director de Plan Estratégico de Juárez. Esta afirmación resuena en la mente de muchos juarenses que han sido testigos de la escalofriante normalización de la violencia en su vida cotidiana.
A nivel nacional, el gobierno de López Obrador cerró su gestión con un acumulado récord de al menos 193,612 homicidios entre 2019 y 2024, lo que representa un aumento del 23.16% respecto a los 157,198 homicidios ocurridos de 2013 a 2018 bajo la administración de Peña Nieto. En este contexto, Ciudad Juárez se convierte en un microcosmos de un problema mucho más amplio que ha plagado a México por décadas.
La inseguridad y el crimen organizado han encontrado en esta ciudad un campo de batalla, donde los carteles luchan por el control de las rutas de tráfico hacia Estados Unidos. Esta fragmentación de grupos delictivos ha exacerbado la violencia, dejando a las autoridades con una tarea monumental. Mesa sostiene que todos los niveles de gobierno han fallado en su deber: “No han sabido dar una respuesta efectiva a las problemáticas de la ciudad”.
La reciente presentación del Plan Nacional de Seguridad por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum busca “fortalecer” las estrategias previas de López Obrador, enfocándose en atender las causas de la violencia y en mejorar la coordinación entre las distintas autoridades. Sin embargo, la población de Ciudad Juárez no ve un cambio significativo. Eduardo Borunda, presidente de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, señala que, aunque ha habido esfuerzos para reducir los asesinatos diarios a un solo dígito, “no es suficiente”.
Un reciente asesinato ha vuelto a poner en evidencia la situación crítica de seguridad. Un expolicía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fue asesinado frente a su familia, un hecho que sacudió a la comunidad y revivió los temores sobre la impunidad y la violencia desbordada. “La lucha contra el crimen organizado se ha centrado en Ciudad Juárez, y parece que no han entendido que es un problema que abarca todo el país”, concluye Borunda.
La esperanza de un cambio real y duradero en la seguridad de Ciudad Juárez sigue siendo un anhelo latente. La población clama por un enfoque integral que no solo se concentre en la represión, sino que también ataque las raíces socioeconómicas de la violencia. En un lugar donde la violencia ha sido parte de la vida diaria durante tanto tiempo, la pregunta que persiste es si, con nuevos planes y estrategias, realmente se puede lograr un futuro más seguro para todos.