La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, firmó un histórico convenio para impulsar el programa Vivienda para el Bienestar, un hito que fortalecerá el acceso a vivienda digna para millas de familias capitalinas.

El acuerdo, rubricado en el Palacio de Ayuntamiento, contempla la construcción, mejoramiento y regulación de 30.500 unidades habitacionales, una meta ambiciosa de 200.000 acciones de vivienda asequible antes de 2030.

Brugada Molina destacó que este convenio no se garantiza solo el derecho humano a la vivienda, sino que también genere 121.000 empleos directos y 182.000 indirectos, impulsando la economía local mediante organismos como Infonavit, Fovissste, Conavi e Insus. «Este es un paso decisivo para erradicar la rezago habitacional que afecta a 30.000 familias anuales, muchas de las cuales son expulsadas a la periferia», señaló la mandataria.

Vega Rangel dijo que «La Ciudad de México es pionera en este esfuerzo, con 26.000 viviendas nuevas por Infonavit y mil por Conavi, además de 3 mil 300. Esta alianza que demuestra que la vivienda asequible es posible con políticas inclusivas».

El director de Infonavit, Octavio Romero Oropeza, precisó que las viviendas se dirigen a trabajadores con ingresos hasta dos salarios mínimos, combatiendo como la gentrificación.

«Nuestro objetivo es que nadie quede atrás en la construcción de una ciudad más justa», agregó Clara Brugada.

El convenio también contempla mecanismos para resolver deudas impagables de créditos hipotecarios y promover la regularización de las tierras.

Inti Muñoz (SEDUVI) y Alejandro Encinas (Secretaría de Ordenamiento Territorial) participaron en el acto, comprometiéndose a proponer predios y reservas territoriales para el proyecto.

Este acuerdo refleja una sinergia sin precedentes entre el gobierno federal y local, posicionando a la CDMX como un modelo de desarrollo urbano incluido.

Con este esfuerzo, se espera reducir el déficit habitacional estimado, en más de un millón de unidades, y fortalecer la cohesión social viviendas como dignas y accesibles.