CIDH recibe solicitud de magistrados por independencia judicial en riesgo bajo AMLO
Editor web Maya Comunicación 
CDMX a 23 de agosto, 2024.- La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) ha elevado una seria advertencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre lo que describen como un “estado crítico” de la independencia judicial en varios países de la región, incluyendo México. Esta preocupación surge a raíz de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue enviada al Congreso en febrero de 2024. Según la FLAM, esta reforma pone en peligro los principios fundamentales del Estado de derecho.
La FLAM ha solicitado formalmente a la CIDH convocar una audiencia temática para discutir la situación de la independencia judicial, destacando que en México, la propuesta de AMLO de elegir a jueces y magistrados mediante voto popular podría debilitar significativamente la imparcialidad del Poder Judicial. En un comunicado, la FLAM expresó que “este avasallamiento persigue modificar el sistema actual de México en el cual el juez es designado por nominación del Poder Ejecutivo y con acuerdo del Senado”. La reforma no solo introduce la elección popular, sino que también propone aplicar este sistema de manera retroactiva, lo que la FLAM considera un “mecanismo solapado de remoción de jueces”.
La organización destaca que este tipo de sistema electoral ha demostrado ser problemático en otros países y que su aplicación en México podría generar una mayor subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo, vulnerando la independencia que es esencial para la protección de los derechos humanos y la justicia en el país. Esta preocupación ha sido compartida por la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, que también ha expresado su inquietud por las posibles repercusiones de la reforma.
La FLAM señala además que la seguridad de los jueces en México es insuficiente en comparación con los estándares internacionales, lo que, combinado con el linchamiento mediático y en redes sociales, agrava aún más la situación. Además, se critica la falta de reconocimiento del derecho a la Asociación Judicial y las dificultades para acceder a permisos institucionales urgentes, lo cual afecta la capacidad de los jueces para defender sus derechos colectivos.
En el ámbito económico, la FLAM también denunció que, tras la emergencia sanitaria del COVID-19, los jueces han enfrentado recortes salariales que no han sido regularizados, y que ante la actual situación económica, se teme una disminución adicional en su remuneración.
En virtud de lo expuesto, la FLAM ha solicitado a la CIDH una sesión temática para analizar en profundidad estas cuestiones, con el objetivo de salvaguardar la independencia judicial en México y en otros países de la región.
