Por Juan Pablo Ojeda

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno de México intensificar sus esfuerzos en la investigación relacionada con el hallazgo de restos humanos en el rancho Izaguirre, presuntamente utilizado como campo de adiestramiento por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Este llamado surge tras la denuncia de los colectivos de búsqueda de desaparecidos, quienes afirman que dicho lugar servía como un “campo de exterminio del narcotráfico”.

En su comunicado, la CIDH expresó su reconocimiento a las acciones anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar la crisis, así como su valoración de la “importante labor” realizada por las familias de los desaparecidos. Estas, a través del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, fueron las responsables de descubrir fosas clandestinas con restos óseos calcinados en el rancho, un hallazgo que ha intensificado las preocupaciones sobre el uso de este lugar por parte del crimen organizado.

El rancho Izaguirre se encuentra bajo custodia de las autoridades mexicanas desde septiembre pasado, cuando fueron detenidas 10 personas en el marco de una investigación que aún está en curso. Sin embargo, a pesar de que han transcurrido más de seis meses desde la aprehensión de los presuntos involucrados, la investigación sigue siendo un tema sensible y pendiente. En este sentido, la CIDH subrayó que, aunque los colectivos de búsqueda tienen el derecho legítimo de buscar a sus familiares, el Estado tiene la responsabilidad de investigar los hechos con la debida diligencia, sancionar a los responsables y garantizar la reparación para las víctimas y sus familias.

El organismo internacional también destacó la importancia de que las autoridades mexicanas conduzcan un proceso de identificación de los restos encontrados basado en evidencia científica, con el fin de garantizar una identificación precisa y confiable. Asimismo, reconoció la disposición de Sheinbaum para impulsar reformas que fortalezcan la Comisión Nacional de Búsqueda, un paso que fue valorado positivamente por la CIDH.

En cuanto a la controversia generada en torno al rancho Izaguirre, Sheinbaum negó que se hubieran cometido crímenes de lesa humanidad en el lugar, desmintiendo las afirmaciones de los colectivos que han denunciado estas prácticas. Esta declaración en la rueda de prensa, sin embargo, no ha logrado calmar las tensiones respecto a la crisis de desapariciones en México, un problema que afecta a más de 120,000 personas no localizadas desde el inicio de los registros.

El caso ha puesto nuevamente de relieve la necesidad urgente de un enfoque más robusto y eficiente para resolver la crisis de desapariciones forzadas en México y garantizar justicia a las víctimas y sus familias. Mientras tanto, las presiones internacionales y nacionales aumentan para que las autoridades mexicanas avancen con diligencia en las investigaciones, sin dejar de lado la memoria y el reconocimiento de las personas desaparecidas.