Por Juan Pablo Ojeda
En un giro importante en la administración de la seguridad en Santa Lucía del Camino, el alcalde Juan Carlos García Márquez ha decidido separar de su cargo al comandante Cirino Santiago Velasco como director de la Policía Vial Municipal. Esta decisión surge en medio de una intensa investigación sobre el trágico homicidio de Diego Ignacio Paz, un joven estudiante de 22 años que perdió la vida el pasado 31 de agosto durante un punto de revisión del alcoholímetro.
El incidente, que ocurrió en la madrugada del 31 de agosto, ha sacudido a la comunidad local. Diego Ignacio Paz, quien estudiaba Comunicación, recibió un disparo presumiblemente efectuado por un agente policiaco en el mencionado operativo. Este hecho ha desatado una serie de reacciones tanto a nivel local como estatal.
En un video publicado en sus redes sociales, el alcalde García Márquez anunció una serie de cambios en las corporaciones de seguridad pública como respuesta a este suceso. Además de la destitución de Santiago Velasco, también fueron removidos de sus funciones el Policía Primero Miguel S.S., el Suboficial Cristóbal V.G., el Policía Segundo José E.G.R., y la Oficial Gilda B.A.R. Sin embargo, es importante destacar que, hasta el momento, ninguno de los funcionarios cesados está siendo investigado directamente por el homicidio. La Fiscalía General del Estado (FGE) solo ha confirmado la detención de un presunto implicado en el caso: el agente municipal A.R.P.
Santiago Velasco, quien había estado al frente de la Delegación de Tránsito, Movilidad y Vialidad desde julio de 2019, tenía un salario mensual de ocho mil 116 pesos según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado. Su remoción, junto con la de otros miembros de la Policía Municipal, forma parte de una serie de medidas anunciadas por el presidente municipal para abordar el incidente y mejorar la transparencia en las operaciones de seguridad.
El alcalde también confirmó la renuncia de Marcos Fredy Hernández López, quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública municipal hasta el 2 de septiembre. Hernández López ha sido señalado en medios locales por presuntamente exigir cuotas semanales a través de multas e infracciones injustificadas, incluyendo operativos del alcoholímetro.
La familia de Diego Ignacio Paz ha expresado su indignación en una carta dirigida al alcalde, acusando a las autoridades locales de utilizar puntos de revisión para extorsionar a ciudadanos y obtener ingresos indebidos. En la misiva, los padres de Diego condenaron el acto y llamaron a una reflexión sobre la conducta de los servidores públicos, exigiendo justicia para su hijo.
La Fiscalía estatal ha confirmado que Diego presentaba una herida de bala al ser presentado como detenido, mientras que su amigo Josué, quien lo acompañaba en la madrugada del incidente, ha sido puesto a disposición de la autoridad ministerial. La investigación sigue en curso, y el alcalde García Márquez ha afirmado que están colaborando con la Fiscalía para aportar todas las pruebas necesarias y esclarecer el lamentable suceso.
El caso de Diego Ignacio Paz ha puesto en el centro del debate público la cuestión de la ética y la transparencia en las corporaciones de seguridad, así como la necesidad de reformas en los procedimientos de control y revisión para evitar futuros incidentes similares.