En un avance significativo para la justicia social, el Congreso de la Ciudad de México, en su III Legislatura, aprobó por unanimidad una reforma constitucional que impacta positivamente el acceso a la vivienda para las personas trabajadoras. Esta modificación se enmarca dentro del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y busca garantizar el derecho humano a una vivienda digna y asequible.
La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Martha Ávila, subrayó que esta reforma establecerá un sistema de vivienda con orientación social, permitiendo a los trabajadores obtener créditos accesibles para adquirir, mejorar o construir su hogar. “Es un paso fundamental en el reconocimiento del derecho a una vivienda adecuada”, enfatizó.
Diputados de diversas fracciones coincidieron en la importancia de esta reforma. Omar Alejandro García Loria (PRI) afirmó que cada trabajador tiene derecho a un hogar seguro, resaltando que esta actualización del Infonavit enfrenta los retos actuales para ofrecer un sistema de créditos que se adapte a la realidad laboral de millones de familias mexicanas.
Por su parte, Royfid Torres González (MC) destacó que la reforma contribuirá a mejorar las condiciones de vivienda para los ciudadanos, mientras que Diana Barragán Sánchez (PT) recordó que la vivienda digna es un derecho, no un producto comercial, abordando la crisis global de vivienda con este avance legislativo.
La diputada Paula Alejandra Pérez Córdova (MORENA) añadió que esta iniciativa se complementa con otros esfuerzos por el bienestar social, facilitando el acceso a opciones habitacionales adecuadas y promoviendo la recuperación de inmuebles abandonados.
Ricardo Rubio Torres (PAN) advirtió que, aunque la reforma es un paso importante, el déficit de vivienda en México es crítico, con más de 9 millones de personas sin un hogar adecuado. “Se requieren 44 mil 870 nuevas viviendas entre 2024 y 2030 para atender esta necesidad”, explicó.
La reforma también establece la obligación de las empresas de contribuir a un Fondo Nacional de Vivienda, lo que permitirá a los trabajadores acceder a créditos económicos para la adquisición de vivienda o terrenos. Además, garantiza que los arrendamientos sociales no superen el 30% del salario de los trabajadores, priorizando el acceso a quienes no poseen vivienda propia.
Con esta reforma, el Congreso de la Ciudad de México da un paso decisivo hacia un sistema de vivienda más justo y accesible, asegurando que la dignidad de los trabajadores sea una prioridad en las políticas públicas de la ciudad.