CDMX aprueba reforma de prisión preventiva: ¿Solución o arma de doble filo?
Editor web Maya Comunicación 
CDMX a 28 de noviembre de 2024.-El Congreso capitalino, como parte del Constituyente Permanente, aprobó este 28 de noviembre la minuta que reforma el párrafo segundo del Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la prisión preventiva oficiosa. Con 43 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención, la decisión ha generado opiniones encontradas en el pleno.
Una medida cautelar o un retroceso en derechos humanos
Para los legisladores de MORENA, como la diputada Brenda Ruiz Aguilar, esta reforma fortalece la lucha contra el crimen organizado, especialmente en delitos de alto impacto como el tráfico de fentanilo, mientras garantiza investigaciones efectivas. Asimismo, la diputada Adriana Espinosa de los Monteros argumentó que esta medida trae justicia y seguridad a las familias, subrayando que no viola derechos humanos.
Por su parte, Ricardo Rubio Torres (PAN) calificó la reforma como «regresiva y dictatorial», al considerarla un medio para encarcelar opositores y excluir delitos como el narcomenudeo, que según él, gozan de impunidad en la Ciudad de México.
Impacto en la presunción de inocencia
Legisladores de oposición, como Omar Alejandro García Loria (PRI) y Mario Enrique Sánchez Flores (PAN), criticaron que esta medida vulnera el principio de inocencia, consagrado en la Constitución. Sánchez Flores señaló que en la práctica, esta figura ha sido usada de manera excesiva, violando derechos humanos y contraviniendo recomendaciones internacionales.
Mientras tanto, Patricia Urriza Arellano (MC) destacó que la prisión preventiva oficiosa criminaliza a quienes no tienen recursos para defenderse, perpetuando un sistema punitivo desigual.
Seguridad versus derechos individuales
Defensores de la reforma, como Rebeca Peralta León (PVEM), afirmaron que esta medida es necesaria ante los altos índices de violencia y delitos como la extorsión, afectando a familias y sectores productivos. Según ella, no se trata de condenar sin juicio, sino de evitar que los imputados reincidan mientras enfrentan sus procesos.
No obstante, voces como la de Tania Nanette Larios Pérez (PRI) advirtieron que esta reforma no resolverá los problemas de inseguridad, argumentando que podría convertirse en una herramienta de abuso de poder que vulnera tratados internacionales.
Balance y perspectivas
La reforma, que divide opiniones entre garantizar justicia y proteger derechos humanos, subraya la tensión entre la urgencia por enfrentar el crimen y las garantías constitucionales. Mientras algunos la ven como un paso firme contra la inseguridad, otros temen que sea un retroceso en el Estado de Derecho y un riesgo para las libertades individuales.
La discusión ahora se traslada al ámbito nacional, donde continuará el debate sobre el impacto de esta reforma en el sistema de justicia y en la vida de los mexicanos.
