CDMX a 10 de septiembre, 2024.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la principal organización del sector privado en México, ha lanzado un llamado contundente al Senado de la República, solicitando que se lleve a cabo una discusión amplia y deliberada sobre la reforma al Poder Judicial. Esta iniciativa, que propone la elección de jueces por voto popular y otros cambios estructurales, ha generado gran controversia tanto en el ámbito político como en el empresarial.
Aprobada por las comisiones del Senado el pasado domingo y respaldada previamente por la Cámara de Diputados el 3 de septiembre, la reforma judicial busca modificar aspectos clave del sistema judicial mexicano. Sin embargo, el CCE, que representa a las organizaciones empresariales que contribuyen con el 80% del PIB nacional, advierte que la propuesta, tal como está planteada, podría comprometer la independencia del Poder Judicial y abrir la puerta a influencias externas en la toma de decisiones judiciales.
En un comunicado, el CCE subrayó que cualquier reforma al régimen constitucional debe garantizar la división de poderes y la imparcialidad del Poder Judicial. El organismo alertó que la elección directa de jueces por voto popular podría politizar las decisiones judiciales, afectando gravemente la independencia de este poder y comprometiendo el Estado de Derecho.
El presidente del CCE destacó que México está ante una oportunidad histórica para modernizar su sistema de justicia, pero señaló que esto debe hacerse con responsabilidad y tomando en cuenta los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, laborales y ambientales. «Es esencial que la reforma brinde certeza jurídica y un ambiente propicio para la inversión», apuntó el organismo, al tiempo que pidió una discusión más profunda y responsable en el Senado.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también expresó su rechazo a la reforma en su forma actual. En su comunicado, la Coparmex señaló que si bien es necesario mejorar el acceso a la justicia, la elección de jueces por voto popular puede introducir un «riesgo significativo de politización» que comprometería la imparcialidad de los fallos judiciales.
Además, la Coparmex pidió a los 43 senadores de la oposición mantenerse firmes contra la reforma, asegurando que los cambios propuestos no garantizan un sistema de justicia más equitativo ni eficiente.
Entre los puntos más polémicos de la reforma al Poder Judicial se encuentran la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de 11 a 9, y la disminución de su periodo de servicio, de 15 a 12 años. La reforma también propone que la presidencia de la SCJN sea rotatoria y que ningún exministro pueda ser electo para un nuevo periodo.
Estos cambios han generado una serie de protestas en México, incluyendo paros en el Supremo mexicano y marchas estudiantiles en contra de la iniciativa. Este lunes, los ministros de la SCJN, en una decisión dividida, acordaron mantener la suspensión de actividades en solidaridad con los trabajadores del Poder Judicial, quienes llevan casi tres semanas en paro.