Por Juan Pablo Ojeda
La protesta de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) ha escalado a una suspensión indefinida de actividades, una medida que se mantendrá hasta que sus demandas sean escuchadas por los legisladores. Sin embargo, el paro no implica la paralización total de sus responsabilidades, sino que solo se detendrán los casos no urgentes.
De acuerdo con voceros de los trabajadores, los casos que no sean considerados “urgentes” se retrasarán hasta que se celebre una reunión con los representantes de la Cámara de Diputados. Estos casos incluyen asuntos en trámite y cualquier otro expediente que no requiera una resolución inmediata. Las excepciones a esta medida serán los casos que presenten una urgencia particular, como aquellos que involucren temas de salud o cuestiones penales que requieran una decisión sobre libertad o riesgos inminentes para la vida.
La huelga ha sido confirmada en diversas entidades, incluyendo la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Veracruz, Zacatecas, Morelos, Tlaxcala, Chiapas y Puebla. Se estima que más de 5,000 trabajadores están involucrados en el paro.
Demandas de los Trabajadores
Los trabajadores del PJF han articulado varias demandas clave. En primer lugar, solicitan la apertura al diálogo para revisar la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Piden que se realicen ajustes a la iniciativa para evitar impactos negativos en la carrera judicial, así como en los derechos y prestaciones laborales.
El dictamen reciente de la Cámara de Diputados plantea una serie de reformas controvertidas, entre ellas, la elección directa de jueces, ministros y magistrados. Según la propuesta, la elección sería financiada por los fideicomisos del Poder Judicial y no requeriría un mínimo de experiencia laboral para los candidatos. La selección se basaría en el promedio y las calificaciones obtenidas durante la carrera, lo que ha sido criticado por los empleados del PJF.
El dictamen también incluye una reducción en el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la limitación de su salario para que no supere el del presidente de la República, una medida que algunos trabajadores del PJF no han cuestionado.
Elección Escalonada
La reforma contempla una elección escalonada. Si se aprueba, en 2025 se elegirán en su totalidad a los ministros de la Suprema Corte, y posteriormente, el 50% de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) también serán electos por voto popular.
A medida que continúa el paro, la presión sobre el Congreso para negociar con los trabajadores del PJF aumenta. Los manifestantes esperan que sus inquietudes sean tomadas en cuenta para lograr una reforma judicial que no solo responda a las necesidades del sistema judicial, sino que también respete los derechos de sus trabajadores.