Por Juan Pablo Ojeda

A pesar de que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México y actualmente preso en Nueva York por delitos vinculados al narcotráfico, sigue siendo el centro de una compleja red de corrupción y lavado de dinero, el caso civil que impulsa el Gobierno de México para recuperar parte del presunto desfalco podría enfrentar un revés clave: una de las familias señaladas como cómplices podría quedar fuera del proceso judicial.

La advertencia provino directamente de la jueza Lissa Walsh, del Onceavo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, quien advirtió que este lunes 28 de abril vence el plazo definitivo para que el juicio civil inicie formalmente o, en su defecto, ambas partes alcancen un acuerdo extrajudicial. De no ocurrir ninguna de las dos opciones, la demanda presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2021 podría ser desechada.

“No concederé una nueva moción del gobierno de México. Si no actúa o no aprueba, pueden tener la seguridad de que el caso se va a juzgar o se va a desechar. No hay nada más que yo pueda hacer”, declaró la jueza.

El caso Weinberg: contratos, paraísos fiscales y bienes en Florida

La familia Weinberg, de origen israelí, es señalada por la UIF como pieza clave en la red financiera que habría permitido a García Luna lavar al menos 634 millones de dólares del erario mexicano, mediante más de 30 contratos con instituciones públicas de seguridad desde el año 2006. Parte de ese dinero habría sido transferido a paraísos fiscales, invertido en bienes raíces en Florida y dispersado en una estructura de sociedades fachada.

Desde el inicio del litigio, el Gobierno de México ha reclamado 28 inmuebles como parte del presunto patrimonio ilícito; sin embargo, 18 de ellos ya habrían sido vendidos, incluso después de la interposición de la demanda civil en 2021. Esto ha complicado la posibilidad de asegurar los bienes para su eventual repatriación.

El proceso ha sido aplazado en múltiples ocasiones, y aunque inicialmente se planteó iniciar el juicio en enero de 2025, ambas partes acordaron mover la fecha al 28 de abril para buscar un acuerdo que incluso podría implicar la cancelación de procesos administrativos y penales en México.

Órdenes de aprehensión y cooperación internacional

En paralelo al litigio en EE. UU., la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido órdenes de aprehensión contra Mauricio Weinberg López y su hijo Jonathan Alexis Weinberg Pinto por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. Este último fue detenido en diciembre de 2023 en Madrid, España, como parte de la cooperación internacional en el caso.

La detención de Jonathan Weinberg fue vista como un avance por las autoridades mexicanas, aunque el proceso de extradición y el juicio en Florida avanzan por caminos distintos. El riesgo de que la demanda civil sea desestimada podría significar una pérdida simbólica y económica para el Gobierno de México, que busca recuperar 600 millones de dólares relacionados con el entramado de corrupción que encabezó García Luna.