El empresario Carlos Ahumada ha vuelto a captar la atención pública tras su reciente extradición desde Panamá a la Ciudad de México el pasado 7 de junio. Aunque se había mencionado previamente que no enfrentaba procesos pendientes en el país, su situación legal ha tomado un giro intrigante desde entonces.
Según información de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ahumada enfrenta acusaciones por el delito de fraude genérico, relacionado con un caso anterior de fraude contra la alcaldía Gustavo A. Madero, por el cual fue condenado en 2009 a cinco años de prisión y al pago de una multa.
Recientemente, durante una audiencia ante un juez de ejecución de penas, se solicitó la prescripción de la orden de reaprehensión en su contra. El abogado de Ahumada, Alfonso Arnáez Ostos, argumentó que la autoridad había excedido el plazo legal para ejecutar dicha orden, establecido hasta el 12 de agosto de 2020. Según Arnáez, esto constituye un motivo para que Ahumada pueda solicitar su liberación, respaldado además por una suspensión provisional vigente por amparo que impide su detención.
En una entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, Arnáez Ostos explicó: «Está la suspensión provisional vigente, no puede ser reaprehendido. Se va a presentar voluntariamente al juzgado y una vez terminada la audiencia regresa a su casa».
En caso de que el juez determine que la orden de reaprehensión no ha prescrito, Carlos Ahumada podría enfrentar una pena de un año, 10 meses y 23 días de prisión, además de la obligación de cubrir una reparación del daño cercana a los 30 millones de pesos.
El desenlace de este caso no solo determinará el futuro legal de Ahumada, sino que también avivará el debate público sobre la justicia y el cumplimiento de las penas en México. La expectativa ante la decisión judicial ahora se centra en si se ratificará la prescripción de la orden de reaprehensión o si el empresario deberá cumplir la pena restante establecida por el delito de fraude genérico.