Colima a 3 de septiembre, 2024.- En una impactante noticia para la política de Colima, Carlos Antonio Chavira George, alcalde electo de Coquimatlán por la coalición PAN-PRI, fue detenido la madrugada del lunes 2 de septiembre en la colonia de los Trabajadores del municipio de Colima. La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en su contra por presuntos delitos de abuso sexual y pornografía infantil en agravio de un menor de edad.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima emitió un comunicado en el que explicó que la orden de aprehensión contra Chavira George se obtuvo luego de una denuncia presentada el 26 de abril de 2024 por una mujer, quien en representación legal de su hijo adolescente, denunció que este fue víctima de los mencionados delitos.
La captura del alcalde electo se llevó a cabo aproximadamente a las 04:00 horas de la mañana, cuando agentes de la Policía Estatal lo arrestaron en la colonia de los Trabajadores. Según los reportes oficiales, tras su detención, Chavira George fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para los procesos legales que el caso amerita.
La noticia ha generado gran revuelo en el ámbito político y social de Colima. Chavira George, quien había sido electo como alcalde de Coquimatlán bajo la alianza PAN-PRI, enfrenta ahora un futuro incierto con estas graves acusaciones en su contra. El caso ha levantado cuestionamientos sobre el proceso de selección de candidatos y la responsabilidad de los partidos políticos en garantizar que sus representantes tengan una conducta intachable.
La Fiscalía General del Estado de Colima aseguró que continuará con su responsabilidad de investigar y esclarecer los delitos cometidos en el estado, además de buscar y capturar a quienes sean señalados como responsables, para llevarlos ante la justicia y lograr las sanciones correspondientes.
Con la detención del alcalde electo, se abre un proceso legal que podría derivar en la revocación de su mandato antes de asumir el cargo, dependiendo del desarrollo del caso. Las acusaciones de abuso sexual y pornografía infantil son delitos graves que, de comprobarse, conllevan severas penas de prisión en México.
El caso también podría tener repercusiones políticas más amplias, afectando la imagen de los partidos involucrados y sus alianzas, así como la confianza del electorado en sus representantes.