El Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025 ha establecido un marco normativo claro para garantizar la transparencia y equidad en la campaña electoral. A partir del acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el pasado 23 de enero, se detallan las normas y prohibiciones a seguir por las personas candidatas a juzgadoras. Este conjunto de directrices busca asegurar que el proceso transcurra con la debida legalidad y respeto a las instituciones.
Normas a Seguir para los Candidatos
El catálogo de infracciones publicado establece que las candidaturas deberán apegarse a las disposiciones constitucionales y legales vigentes. Entre las conductas prohibidas se incluyen:
- Uso indebido de medios de comunicación: No se permitirá la contratación de espacios en radio, televisión, ni en otros medios, ya sea de manera directa o a través de terceros, para promocionar las candidaturas.
- Campañas fuera de tiempo: Se prohíbe la realización de actos de campaña antes del periodo legalmente establecido.
- Propaganda electoral: Está prohibida la difusión de propaganda que contenga calumnias, que vulnere el interés superior de la niñez o que haga referencia explícita a un partido político.
- Violencia política de género: Cualquier acto que constituya violencia política contra las mujeres será sancionado conforme a lo dispuesto por la ley.
- Uso de recursos públicos: No se podrá utilizar dinero o bienes públicos, ni realizar actos de campaña fuera del territorio nacional.
Posibilidades para los Candidatos
A pesar de estas restricciones, las candidaturas tienen acceso a ciertos medios para promocionar sus propuestas y participar en el debate público. De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), las personas candidatas pueden:
- Hacer uso de redes sociales y medios digitales, siempre que no implique erogaciones para potenciar su contenido.
- Participar en entrevistas de carácter noticioso y foros de debate organizados de manera gratuita por sectores públicos, privados o sociales, siempre bajo condiciones de equidad.
Este marco normativo garantiza que las candidaturas puedan expresar sus propuestas y visibilizarse dentro del marco legal, fomentando un entorno democrático y justo para todos los participantes.
