Por Juan Pablo Ojeda
En un contexto de creciente tensión internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido poner una ‘pausa’ en la relación con los embajadores de Estados Unidos y Canadá, tras las críticas que estos países han emitido sobre la reforma al Poder Judicial propuesta por el gobierno mexicano. Esta medida se ha sumado a las crecientes críticas hacia la reforma y ha generado una serie de respuestas tanto en México como en el extranjero.
Durante su conferencia matutina del 27 de agosto, López Obrador anunció que las relaciones con los embajadores Ken Salazar de Estados Unidos y Graeme C. Clark de Canadá se encontraban «en pausa». Esta decisión se deriva de las preocupaciones expresadas por los diplomáticos sobre la reforma al Poder Judicial, que se encuentra en el centro del debate político en México.
Ken Salazar, embajador estadounidense, expresó a través de una nota diplomática su inquietud de que la propuesta de reforma, que incluye la elección popular de jueces, podría no abordar adecuadamente la corrupción judicial ni fortalecer el sistema judicial del país. Por su parte, Graeme C. Clark, embajador canadiense, señaló en un evento reciente que los inversionistas canadienses están preocupados por la estabilidad del sistema judicial y su capacidad para resolver problemas de manera efectiva.
El presidente López Obrador respondió con firmeza a estas declaraciones, argumentando que los embajadores han intentado inmiscuirse en asuntos que deberían ser resueltos únicamente por los mexicanos. «Ellos quisieran tener injerencia en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. Nosotros no vamos a darles consejos allá, ni a decir qué está bien y qué está mal», comentó López Obrador.
A pesar de la pausa en la relación con los embajadores, el mandatario mexicano subrayó que las relaciones diplomáticas con los gobiernos de Joe Biden y Justin Trudeau siguen activas. Sin embargo, calificó las críticas de los diplomáticos como una intromisión en la soberanía nacional de México.
La reforma al Poder Judicial, impulsada por López Obrador y su partido Morena, busca modificar el artículo 95 de la Constitución para cambiar el modelo de designación de jueces, ministros y magistrados, de modo que estos sean elegidos mediante voto popular. Además, la iniciativa propone reducir el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a nueve y eliminar las dos salas del Máximo Tribunal, con el objetivo de realizar todas las sesiones en el pleno.
Estas propuestas han generado un intenso debate en México, con críticos argumentando que podrían debilitar la independencia del Poder Judicial y poner en riesgo la estabilidad del sistema democrático. Mientras tanto, el gobierno federal defiende la reforma como una medida necesaria para mejorar la transparencia y la eficacia del sistema judicial mexicano.