Cámara de Diputados aprueba reforma que extingue siete órganos autónomos
Editor web Maya Comunicación 
Por Bruno Cortés
El miércoles pasado, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma histórica que podría cambiar la forma en que se organiza el gobierno en México. Con 347 votos a favor, 128 en contra y sin ninguna abstención, los diputados dieron luz verde a un dictamen que reforma la Constitución para extinguir siete importantes órganos autónomos. Esta decisión es parte de una reforma más amplia que pretende reestructurar la Administración Pública del país, concentrando más poder en las dependencias del Ejecutivo Federal.
Entre los órganos que desaparecerán se encuentran instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), entre otros.
¿Por qué se busca eliminar estos organismos? Según los defensores de la reforma, el objetivo es crear un gobierno más eficiente, austero y con una administración pública que pueda responder de manera más directa a las necesidades del país. La diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva, explicó que la reestructuración busca centralizar varias de estas funciones bajo el control del Ejecutivo para mejorar la eficiencia y evitar duplicidades. Por ejemplo, las funciones de educación, antes en manos de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, se transferirán a la Secretaría de Educación Pública; y las funciones de evaluación de políticas públicas y medición de la pobreza, que eran competencia del CONEVAL, se integrarán al INEGI.
Además de la extinción de estos organismos, también se modifica la forma en que se gestionan cuestiones clave como la transparencia y la protección de datos personales, que ahora dependerán de la Secretaría de la Función Pública. Estas modificaciones también afectarán la forma en que se realiza la regulación en sectores clave como las telecomunicaciones y la competencia económica, las cuales serán absorbidas por otras dependencias del gobierno.
El dictamen establece que la transición hacia esta nueva estructura será gradual. El Congreso tiene un plazo de 90 días para hacer las adecuaciones legales necesarias y las legislaturas estatales también tendrán tres meses para armonizar sus leyes con la nueva legislación. Además, los ahorros generados por la desaparición de estos órganos autónomos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, lo que será una de las principales fuentes de recursos de esta reforma.
Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con esta medida. En el mismo Pleno, la diputada Anayeli Muñoz Moreno presentó una moción para suspender la discusión del dictamen, argumentando que los órganos autónomos son esenciales para garantizar la democracia y la defensa de los derechos humanos. Su moción fue desechada, pero sigue siendo un tema polémico que ha dividido a los legisladores.
Para muchos, esta reforma representa un paso hacia un gobierno más centralizado, mientras que otros la ven como un golpe a la autonomía y los mecanismos de control que han ayudado a asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en el país. Lo que está claro es que este cambio tendrá un impacto significativo en cómo se manejan las políticas públicas y los recursos en México, y es un tema que seguirá siendo debatido en el Congreso en los próximos días.
