CDMX a 22 de agosto, 2024.- Las reformas constitucionales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador continúan generando una ola de preocupaciones en el ámbito financiero internacional. La más reciente advertencia proviene del Bank of America (BofA), que ha calificado la reforma al Poder Judicial como un «alto riesgo» para el sector corporativo en México, sumándose a una creciente desconfianza en los mercados globales.
La polémica reforma, que propone la elección por voto popular de jueces y magistrados, ha sido criticada por su potencial para involucrar a partidos políticos, el crimen organizado y actores privados en la selección de los juzgadores. Esta preocupación fue subrayada por el Colegio de Abogados de México, quienes también han manifestado su inquietud ante la posible erosión de la independencia judicial.
No es solo la reforma judicial la que ha encendido alarmas. BofA también expresó su preocupación por otras medidas propuestas por el gobierno, como la modificación del estatus de Pemex y la CFE para convertirlas de empresas productivas a empresas estatales, y la eliminación de organismos autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Estas acciones, según el reporte, podrían interferir con los lineamientos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que añade una capa adicional de incertidumbre económica.
Morgan Stanley, otra institución financiera de renombre, ya había reducido la calificación crediticia de México debido a estas reformas, reflejando la creciente percepción de riesgo en el país. A pesar de este panorama desalentador a corto plazo, el reporte de BofA también ofrece una nota de optimismo a largo plazo. Señala que Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, parece adoptar un enfoque más moderado y matizado, lo que podría mitigar algunos de los efectos negativos de las reformas.
El sector privado de Estados Unidos no ha permanecido al margen de estas discusiones. Empresarios estadounidenses han solicitado al presidente Joe Biden que comparta sus preocupaciones con la presidenta electa de México, recomendando un proceso legislativo más pausado y con mayor debate en las Cámaras.
“La implementación de estas enmiendas constitucionales no solo dañará el atractivo de México como destino de inversión, sino que también afectará la competitividad de América del Norte en su conjunto”, concluye el reporte, subrayando la importancia de un diálogo continuo y constructivo entre las partes involucradas.