Morelos a 8 de abril, 2025.- El municipio de Huitzilac, en el estado de Morelos, amaneció este lunes con una noticia que sacudió a la comunidad: Alejandro Mancilla Cueto, secretario general del Ayuntamiento, fue asesinado a balazos a plena luz del día, justo frente al Palacio Municipal, en la explanada del Zócalo. Según los primeros reportes, el funcionario se dirigía a su oficina cuando fue interceptado por hombres armados que descendieron de motocicletas y abrieron fuego.

El hecho ha encendido nuevamente las alertas sobre la crisis de seguridad que atraviesa el estado. En un video difundido en redes sociales, el alcalde César Dávila confirmó el asesinato y expresó su solidaridad con la familia Mancilla. “Quiero decirle a toda la familia Mancilla que como presidente municipal cuentan con todo mi respaldo. Trataremos de que en Huitzilac se refuerce la seguridad, ya que esta alza de violencia como municipio nos está rebasando”, declaró visiblemente afectado.

En el Congreso de Morelos también se hizo un llamado urgente a las autoridades para atender la creciente inseguridad. Legisladores realizaron un minuto de silencio en memoria de Mancilla Cueto, mientras que Jazmín Solano, presidenta del Congreso local, exigió una investigación pronta y castigo ejemplar para los responsables. “No podemos permitir que sigan asesinando a servidores públicos sin consecuencias”, reclamó.

El ataque ocurre en un contexto complejo para Huitzilac, un municipio que en los últimos años ha enfrentado problemas relacionados con el crimen organizado, tala clandestina y actividades delictivas en los bosques que colindan con la Ciudad de México. La cercanía con zonas estratégicas del Valle de México lo ha convertido en un corredor de riesgo.

Este asesinato se suma a una larga lista de agresiones y amenazas contra autoridades municipales en México. Según cifras de la organización Causa en Común, en los últimos tres años han sido asesinados más de 100 funcionarios locales en el país, muchos de ellos en contextos similares: a plena luz del día, y sin que hasta ahora haya un patrón de justicia claro.

Hasta el momento, no hay detenidos por el crimen y las autoridades estatales y federales han prometido iniciar una investigación. Sin embargo, la población exige más que promesas: pide garantías de seguridad para quienes viven y trabajan en la región.