Ayotzinapa: El compromiso incumplido de AMLO y las críticas a los defensores del caso
Editor web Maya Comunicación 
Por Juan Pablo Ojeda
Hoy se cumple una década de uno de los crímenes que más ha sacudido a México y al mundo: la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, estos jóvenes, que tenían entre 17 y 25 años, fueron capturados en Iguala cuando se preparaban para salir a ‘botear’ y financiar su participación en la marcha conmemorativa del 2 de octubre.
Desde el primer momento, las familias de los normalistas y la sociedad civil exigieron su aparición con vida. El alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, alegó que los estudiantes planeaban boicotear un evento que llevaría a cabo su esposa. Sin embargo, la noche del ataque, la policía local disparó contra los camiones en los que viajaban los estudiantes, deteniendo a 43 de ellos. El saldo de esta emboscada incluyó la ejecución extrajudicial de seis personas y más de 40 heridos.
La búsqueda de la verdad ha sido un camino tortuoso, marcado por la infame ‘verdad histórica’ presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) bajo el mando de Jesús Murillo Karam. En su intento por cerrar el caso, la PGR propuso que los jóvenes habían sido confundidos con miembros de un grupo rival del crimen organizado y que sus cuerpos fueron incinerados en un basurero. Sin embargo, este relato fue rápidamente refutado por el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), que demostró que los jóvenes no fueron quemados como se afirmaba.
A pesar de los esfuerzos por esclarecer los hechos, hasta ahora solo se ha confirmado la muerte de tres de los normalistas. El paradero de los otros 40 sigue siendo un misterio a diez años de la tragedia.
Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia, se han hecho promesas de verdad y justicia. En 2018, durante su campaña, AMLO se comprometió a investigar a fondo la desaparición de los normalistas y a formar una comisión de la verdad. Sin embargo, a lo largo de su administración, la relación con los defensores de derechos humanos y las organizaciones que apoyan a las familias ha sido tensa. A pesar de las promesas, las críticas sobre la falta de resultados concretos han persistido.
La creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) fue un paso importante, pero su excomisionado, Alejandro Encinas, denunció la manipulación y ocultación de pruebas por parte de las autoridades, lo que arrojó dudas sobre la posible implicación del Ejército en los hechos. Aunque AMLO ha empoderado a las fuerzas armadas durante su mandato, ha resistido las demandas de investigar su posible participación en la desaparición de los normalistas.
Hoy, a diez años del suceso, las familias continúan exigiendo respuestas. Las organizaciones de derechos humanos han desafiado las declaraciones del presidente, asegurando que su administración no ha logrado llevar a los responsables ante la justicia y que el encubrimiento persiste.
A un año de que AMLO concluya su mandato, se ha hecho evidente que la promesa de justicia para los 43 normalistas aún no se ha cumplido. La responsabilidad de continuar con la investigación recaerá en Claudia Sheinbaum Pardo, quien se convertirá en la primera presidenta de México.
