Por Juan Pablo Ojeda
Este viernes, el Congreso Mexicano dio un paso controversial al aprobar, en lo general, la eliminación de varios órganos autónomos. La decisión se tomó en la Comisión de Puntos Constitucionales con 22 votos a favor y 17 en contra, sin abstenciones. La discusión no terminó aquí; ahora, los diputados tienen por delante el reto de discutir 57 reservas en las próximas horas para afinar los detalles del dictamen.
Pero, ¿qué significa esto en términos sencillos? Imaginemos que estos órganos autónomos son como árbitros en un partido de fútbol: su papel es garantizar que el juego se desarrolle de manera justa y transparente, sin que los jugadores (en este caso, el gobierno) puedan manipular las reglas a su favor. Estos árbitros son el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), y otros como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Ahora, el gobierno, bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto eliminar estos organismos a través de su Plan C, presentado en febrero. El objetivo declarado es simplificar la administración y, según sus defensores, reducir la burocracia. En la práctica, esto podría significar que las funciones de estos órganos se integren directamente en las estructuras del gobierno central.
Los críticos, sin embargo, temen que esta medida debilite la independencia y la capacidad de supervisión que estos organismos tienen actualmente. Por ejemplo, el INAI es crucial para garantizar la transparencia del gobierno, permitiendo a los ciudadanos acceder a información pública. La Cofece vela por una competencia justa en el mercado, mientras que la CRE y la CNH regulan los sectores de energía y petróleo para evitar abusos.
Además de estos, se prevé la eliminación de otros organismos como la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Estos también juegan papeles importantes en la educación y en la evaluación de programas sociales, respectivamente.
La aprobación en lo general marca un punto de no retorno, pero la batalla está lejos de terminar. La discusión en lo particular, que se llevará a cabo en las próximas horas, podría traer ajustes y modificaciones importantes. Mientras tanto, el futuro de estos órganos y su impacto en la administración pública continúa siendo un tema de intenso debate.
En resumen, la propuesta de eliminar estos órganos autónomos busca una simplificación administrativa, pero también plantea grandes interrogantes sobre la transparencia y la regulación en México. La manera en que se resuelvan estas reservas y la implementación final del plan podrían tener efectos significativos en cómo se gobierna el país y en cómo se protege el interés público.