Por Juan Pablo Ojeda

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, logró una suspensión provisional que frena, por el momento, la ejecución de la orden de aprehensión girada en su contra por presuntos actos de corrupción durante su administración (2015-2021).

De acuerdo con información publicada por Milenio, la medida cautelar fue otorgada por el secretario en funciones de juez del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal. La suspensión tiene como efecto inmediato impedir que Aureoles sea detenido, incluso si la Fiscalía General de la República (FGR) buscara imponerle prisión preventiva justificada. Para mantener el beneficio, el exmandatario estatal deberá cubrir una garantía fijada en 52 mil pesos.

En el acuerdo judicial se lee: “Se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se haga efectiva la orden de arresto. Lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva”.

Silvano Aureoles enfrenta una serie de acusaciones graves: peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La investigación de la FGR sostiene que el político perredista y cuatro excolaboradores provocaron un daño patrimonial superior a los 3 mil 400 millones de pesos, debido a la compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil en al menos siete municipios: Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.

En relación con este caso, ya han sido vinculados a proceso cuatro exfuncionarios del gobierno estatal, y una jueza federal otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, lo que indica que el caso aún está en fase preliminar, pero con elementos suficientes para avanzar en el proceso penal.

La estrategia legal de Aureoles apunta a ganar tiempo y preparar su defensa en libertad, en un contexto donde el aparato judicial mexicano mantiene un enfoque creciente sobre la rendición de cuentas de exgobernadores.

El desarrollo del caso será clave para evaluar no solo la solidez de las pruebas presentadas por la FGR, sino también el alcance del combate a la corrupción en niveles altos del poder público estatal.