Por Juan Pablo Ojeda
Después de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se distanció de las versiones que cuestionan la veracidad de su supuesto viaje a Estados Unidos el 25 de julio, la organización Artículo 19 acusó al mandatario de emitir declaraciones estigmatizantes contra la prensa. En su conferencia semanal del 14 de octubre, Rocha Moya defendió su posición al afirmar que las investigaciones periodísticas sobre su paradero en esa fecha —cuando fue capturado Ismael ‘El Mayo’ Zambada— tienen motivaciones políticas.
El gobernador lanzó un desafío a quienes lo acusan: “Si tienen tanta valentía para denunciarlo, denúncienlo a la autoridad, denúncienlo a la FGR. Lo están haciendo por razones políticas. Lo único a lo que están contribuyendo es que uno de los grupos agarre rivalidad conmigo. Me están haciendo daño a mí y a mi familia”, enfatizó. Sin embargo, el periodista Luis Chaparro, en un artículo para Proceso, reveló que fuentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en EE.UU. (CBP) no encontraron registros del ingreso de Rocha al país en esa fecha.
Chaparro también compartió esta información en su programa con Azucena Uresti en Grupo Fórmula, sugiriendo que Rocha podría haber enviado a un secretario con su celular para aparentar que estaba en Estados Unidos. A raíz de estas declaraciones, el periodista comenzó a recibir amenazas de muerte en sus redes sociales.
Artículo 19 destacó que el discurso del gobernador forma parte de una tendencia más amplia, donde funcionarios y partidos políticos descalifican a la prensa al recibir cuestionamientos. La organización subrayó que el trabajo periodístico no es un ataque a las autoridades, sino un elemento esencial de la rendición de cuentas en una democracia. A pesar de su importancia, Sinaloa se posiciona como el octavo estado con más agresiones contra la prensa, con 23 casos registrados hasta 2023.
En respuesta a esta situación, Artículo 19 exigió a Rocha Moya que se abstenga de realizar discursos y acciones que criminalizan a los periodistas, y lo instó a implementar políticas públicas que reconozcan la relevancia de la labor periodística.