Arrestan a Collor de Mello: ex presidente brasileño irá a prisión por corrupción

Por Juan Pablo Ojeda

 

Fernando Collor de Mello, el expresidente que hace más de tres décadas fue símbolo del cambio en Brasil, terminó este viernes tras las rejas. Fue detenido en la ciudad de Maceió justo cuando se preparaba para volar a Brasilia y entregarse por voluntad propia. Pero no llegó tan lejos: una orden de arresto inmediato emitida por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), se adelantó a sus planes.

Collor, quien gobernó Brasil entre 1990 y 1992 antes de renunciar en medio de un escándalo político, fue condenado en 2023 a ocho años y diez meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. El caso se remonta a una investigación sobre BR Distribuidora, una filial de la petrolera estatal Petrobras, donde —según la justicia brasileña— Collor influyó para facilitar contratos con la constructora UTC a cambio de sobornos que, en total, sumaron unos 20 millones de reales (aproximadamente 3,7 millones de euros).

Hasta ahora, Collor esperaba en libertad la resolución de un último recurso presentado por su equipo legal, pero el juez Moraes determinó que dicho recurso tenía un carácter «meramente dilatorio», es decir, que solo buscaba retrasar lo inevitable. Según el fallo, ya no hay espacio para más apelaciones, por lo que la condena debe ejecutarse de inmediato.

El magistrado solicitó además al presidente del Supremo, Luís Roberto Barroso, convocar una audiencia para ratificar la decisión, la cual se celebrará este mismo viernes, mientras el país observa con atención este nuevo episodio de su larga lucha contra la corrupción.

La defensa del exmandatario reaccionó con sorpresa, argumentando que estaban preparados para que Collor se presentara voluntariamente ante las autoridades. Sin embargo, eso ya no fue posible. La detención ocurrió antes, cerrando así un capítulo más en la historia de un personaje político que pasó de ser el presidente más joven del país a símbolo de escándalos.

Brasil vuelve a mostrar que incluso quienes han ocupado la más alta investidura del país no están por encima de la ley. Y aunque para muchos este desenlace llega tarde, también es una señal clara de que la justicia, a veces lenta, termina por alcanzar.

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