Una reestructuración en la cúpula del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se perfila este 21 de abril, con la inminente salida de Ariadna Montiel Reyes de la Secretaría del Bienestar para asumir la presidencia nacional del partido. Paralelamente, la estructura organizativa experimentaría una modificación de alto nivel: Andrés Manuel López Beltrán cedería la Secretaría de Organización a Esthela Damián, actual consejera jurídica de la Presidencia.
El movimiento estratégico implica el traslado del mando operativo de la dependencia con el mayor presupuesto del gobierno federal. Para el ejercicio fiscal vigente, la Secretaría del Bienestar administra recursos superiores a los 543 mil millones de pesos, operando transferencias directas para un padrón que supera los 30 millones de beneficiarios a nivel nacional.
La llegada de Montiel a la dirigencia nacional, asiento actualmente ocupado por Luisa María Alcalde, supone el control de un padrón de militantes que el Instituto Nacional Electoral (INE) cuantifica en más de 2.3 millones de personas afiliadas. Esta maquinaria partidista es la responsable de la movilización territorial en las 32 entidades federativas.
Por su parte, el relevo en la Secretaría de Organización transfiere la responsabilidad de la logística electoral. Esthela Damián asumiría el control de los 300 distritos electorales federales y la coordinación de los comités de defensa de la transformación, estructura base que López Beltrán administró durante los últimos meses.
El proceso de transición requiere, según los estatutos vigentes del partido, la convocatoria a una sesión extraordinaria del Consejo Nacional o del Congreso Nacional de Morena. Estas instancias son los únicos órganos deliberativos con la facultad legal para aprobar las renuncias de la actual dirigencia y ratificar los nuevos nombramientos.
Hasta el momento, ni la Secretaría del Bienestar ni el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena han publicado el cronograma oficial de esta transición. La vacante que dejaría Montiel en el gabinete federal obligará al Ejecutivo a nombrar un nuevo titular para mantener la dispersión ininterrumpida de los programas sociales.
El impacto administrativo de estos enroques se medirá en el corto plazo a través de las actas de entrega-recepción tanto en la administración pública federal como en las cuentas centralizadas del partido, las cuales reciben financiamiento público anual superior a los 3 mil millones de pesos.
