Ciudad de México, 25 de marzo de 2025 – En una reciente sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso capitalino, se aprobó el destino y la aplicación de los recursos remanentes generados al 31 de diciembre de 2024 por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México (CJ CDMX). El acuerdo, identificado como CCDMX/IIIL/CPyCP/001/2025, contempla la asignación de más de 6.6 millones de pesos provenientes de fondos presupuestales y rendimientos, que serán destinados a cubrir parte de los adeudos del TSJ, y 244 mil pesos destinados a los servicios personales del CJ CDMX.

La presidenta de la comisión, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (MORENA), destacó que esta decisión responde a la obligación legal del Poder Judicial de informar sobre los recursos remanentes y proponer su aplicación al Congreso local. En cumplimiento de esta normativa, los oficios correspondientes fueron turnados a la comisión el pasado 11 de marzo.

El TSJ propondrá destinar los recursos para saldar parcialmente el déficit presupuestal acumulado de ejercicios anteriores, mientras que el CJ CDMX utilizará los fondos para atender las necesidades más urgentes de los servicios personales, un área considerada vulnerable dentro del gasto público.

Además, en la misma sesión, se aprobó el proyecto de investigación titulado “Gasto Público y Redistribución de Recursos: El Papel del Impuesto Predial”. Este estudio buscará analizar cómo el impuesto predial puede funcionar como un mecanismo de redistribución de la riqueza, contribuyendo a reducir las desigualdades económicas y urbanas en la Ciudad de México. La diputada Batres Guadarrama, junto con la legisladora Xóchitl Bravo Espinosa (MORENA), subrayaron la relevancia de esta investigación como un elemento fundamental para el diseño del presupuesto capitalino.

Este análisis será realizado en colaboración con el Instituto de Investigaciones Legislativas y ofrecerá una visión integral sobre cómo el fortalecimiento del impuesto predial podría fomentar la justicia social y la equidad territorial en la capital del país.

Con estas decisiones, la Comisión de Presupuesto busca garantizar una aplicación más eficiente y justa de los recursos públicos, además de contribuir a una mayor transparencia en la administración del gasto público en la Ciudad de México.