Las históricas campañas para la primera elección popular del Poder Judicial de México están en marcha, en un proceso que busca renovar cerca de 900 cargos federales, incluidos los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este evento electoral, que permitirá al electorado decidir directamente sobre la selección de jueces y magistrados, también ocurre en medio de un contexto de creciente preocupación sobre derechos humanos, particularmente en lo relacionado con la crisis de desapariciones forzadas en el país.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han aprovechado la ocasión para hacer un llamado de apoyo hacia los colectivos de madres buscadoras y los familiares de personas desaparecidas, en especial tras el reciente hallazgo del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde se descubrió un campo de adiestramiento utilizado por el crimen organizado y presuntamente también como un crematorio clandestino.

Un comunicado firmado por 19 organizaciones de derechos humanos subraya la importancia de reconocer y apoyar la labor de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, quienes desde hace más de una década enfrentan la falta de voluntad del Estado para localizar a los miles de desaparecidos en el país. «No solo buscan a sus seres queridos, sino que buscan a todas y todos», se señala en el texto, resaltando el enorme sacrificio y el riesgo que estas familias y colectivos enfrentan al continuar su labor en condiciones adversas.

Estas organizaciones, que agrupan desde Amnistía Internacional hasta el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, consideran que, en muchos casos, los colectivos de búsqueda son los únicos que realizan una labor efectiva en lo que respecta a las desapariciones, enfrentándose incluso a criminalización y re victimización por parte de las autoridades y la sociedad en general. La denuncia recalca que estas personas no solo luchan por sus propios familiares, sino que lo hacen por todos los mexicanos, pues la desaparición forzada es una realidad que puede tocar a cualquiera.

El comunicado hace un llamado urgente a la ciudadanía para unirse a la lucha de los colectivos de búsqueda, recordando que la causa es de todos y que no debe ser silenciada. Las acciones que pueden llevar a cabo las personas incluyen desde donar recursos materiales, acompañar a los buscadores en sus jornadas, hasta visibilizar el problema en sus comunidades y redes sociales.

En medio de la incertidumbre y las dudas que despierta el proceso electoral, que se desarrollará en las próximas semanas, la invitación es clara: «La búsqueda es también nuestra», se lee en el documento, resaltando que este es un tema que afecta a todos los mexicanos.

Las elecciones judiciales, que se celebrarán el 1 de junio, no solo estarán marcadas por el interés por renovar el sistema de justicia, sino también por la presión de lograr una mayor justicia para las víctimas de desaparición forzada y sus familias. A medida que los votantes eligen a sus futuros jueces, se hace más relevante que nunca la llamada a la acción, que pide mayor apoyo y solidaridad para los grupos que luchan contra la impunidad y la injusticia en México.