Por Bruno Cortés
Ricardo Anaya Cortés, senador del Partido Acción Nacional (PAN), arremetió contra la recién aprobada reforma de ‘supremacía constitucional’, que busca limitar la capacidad del Poder Judicial para revisar decisiones legislativas. La reforma, respaldada por 85 votos de Morena y sus aliados en el Senado durante la madrugada del 25 de octubre, ha generado un fuerte debate político en el país.
A través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), Anaya advirtió que la iniciativa está diseñada para evitar que la Corte analice las decisiones del partido en el poder. “Me quisieron callar, pero alguien tiene que decirlo: el plan es claro, quieren evitar que la Corte revise sus decisiones. No podemos permitir que destruyan nuestra justicia. Quieren poder sin límites”, escribió.
Durante la discusión en el Senado, Anaya acusó a Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) de intentar resolver un conflicto con la jueza Nancy Juárez Salas mediante reformas a la Constitución. Este conflicto surgió tras una orden de la jueza que instruyó a la presidenta Claudia Sheinbaum eliminar una reforma al Poder Judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El senador enfatizó que en una democracia, las diferencias con sentencias judiciales deben resolverse mediante apelaciones, no desacatando las decisiones. “No soy el vocero de la jueza, pero si no les gusta el sentido de la resolución, apelen, no desacaten”, sostuvo.
Anaya también hizo hincapié en que la afirmación de Morena sobre tener el respaldo del pueblo es engañosa. “El 54% de la población votó por ustedes, pero el 46% no lo hizo, y ese 46% también es pueblo. Es un exceso afirmar que tienen un mandato del pueblo. ¿Cuál pueblo?”, cuestionó.
Sobre los cambios propuestos en la reforma, Anaya criticó que la discusión se presentó como una reforma judicial, cuando en realidad se trata de un cambio constitucional que podría alterar profundamente el sistema jurídico mexicano. La reforma modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución, estableciendo que las controversias y juicios de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución son improcedentes, lo que limita severamente el control judicial sobre futuras modificaciones.
La aprobación de la reforma se produjo en medio de protestas de la oposición, que exhibieron carteles con mensajes como “¡No a la dictadura!” durante la sesión maratónica del Senado.