CDMX a 27 de septiembre, 2024.- La diputada federal Ana Érika Santana González, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha manifestado su apoyo a los ejidatarios afectados por la severa crisis hídrica en la Cuenca del Río Colorado, una situación que impacta directamente a agricultores de Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora. En respuesta a la escasez de agua, los comisariados ejidales y usuarios del Distrito de Riego 014 han solicitado una mayor asignación de recursos del Programa de Conservación de Agua acordado en marzo de 2024, para hacer frente a la crítica situación económica que viven.
Los ejidatarios exigen una distribución más equitativa de los 54 millones de dólares que les corresponden, solicitando que el 90% se destine a un programa de descanso de tierras que beneficiaría a los usuarios de riego afectados, mientras que el 10% restante se asigne a infraestructura hidroagrícola. Esta medida, según explicaron los líderes agrícolas, es crucial para la supervivencia económica de los productores en la región fronteriza.
La Cuenca del Río Colorado ha estado experimentando la sequía más grave en los últimos 100 años, un fenómeno que se ha intensificado desde finales de los años 90. Este río abastece a más de 40 millones de personas en siete estados de Estados Unidos y a comunidades de Baja California y Sonora en México, lo que ha generado una fuerte presión en ambos lados de la frontera.
Como parte de los esfuerzos bilaterales para enfrentar la crisis, la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y la International Boundary and Water Commission (IBWC) de Estados Unidos firmaron el Acta 330 en marzo de 2024. En este acuerdo, se estableció que México recibiría una compensación de 65 millones de dólares debido a la reducción en el suministro de agua. Esta compensación es vista como el principal sustento de los agricultores afectados, quienes proponen un pago de 1,250 dólares por hectárea para las tierras que sean puestas en descanso.
Sin embargo, los ejidatarios expresaron que la propuesta actual de las autoridades de agua, que consiste en un pago de 7,000 pesos por hectárea, es insuficiente para enfrentar las pérdidas económicas y garantizar la subsistencia de las familias afectadas. Además, señalaron que las tierras menos productivas, que suelen ser las que reciben agua de gravedad y cultivan productos con precios bajos, son las más afectadas por la escasez hídrica.
Ana Érika Santana enfatizó que es necesario una distribución más justa, equitativa y transparente de los fondos, no solo para el descanso de tierras, sino también para la infraestructura hidroagrícola. Además, propuso utilizar los 21.5 millones de dólares restantes del Acta 323, firmada en 2017, para mejorar esta infraestructura y asegurar que los agricultores puedan continuar con sus actividades productivas.
La crisis hídrica en la Cuenca del Río Colorado afecta tanto la producción agrícola como la vida diaria de miles de familias. Los agricultores insisten en que una distribución justa de los recursos es crucial para mantener a flote sus economías y garantizar la seguridad alimentaria en la región. En este sentido, el apoyo de Ana Érika Santana representa un respaldo clave para visibilizar esta problemática a nivel nacional e internacional.