En la más reciente conferencia matutina desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, generó controversia al minimizar la violencia electoral que sacudió al país en los meses previos a los comicios del 2 de junio. Según el mandatario, la magnitud de esta violencia ha sido exagerada, afirmando que «solo» se registraron seis casos de candidatos asesinados, desestimando así informes que sugieren una cifra mucho más elevada.
«La violencia electoral ha sido objeto de mucha desinformación», declaró López Obrador. «Se dice que hubo 60 candidatos asesinados, pero no es cierto. Creo que fueron 6. Menos que en elecciones anteriores. Esto es solo desinformación».
Sin embargo, cifras recientes presentadas por la organización civil Data Cívica contradicen las afirmaciones del presidente. Según su reporte ‘Votar entre balas’, durante el periodo electoral que inició en septiembre de 2023 y culminó el 2 de junio de 2024, un total de 34 candidatos o aspirantes a cargos de elección popular fueron asesinados en México. Esto representa una cifra alarmante que refleja la persistencia de la violencia política en el país.
Además de los asesinatos, el informe registra un total de 96 ataques violentos contra actores políticos, incluyendo atentados, amenazas, ataques armados y secuestros. Estos datos confirman que las elecciones recientes fueron testigos de una violencia sin precedentes en la historia moderna de México.
Itzel Soto, coordinadora del proyecto ‘Votar entre balas’, subrayó que, si bien es cierto que las elecciones del 2 de junio fueron las más grandes en la historia del país, con más de 98 millones de personas convocadas a las urnas para renovar más de 20 mil cargos, esto no justifica ni minimiza la gravedad de la violencia registrada.
El resultado de estos comicios, con la victoria contundente de la morenista Claudia Sheinbaum, no puede eclipsar el sombrío panorama de la violencia electoral en México. Si el país aspira a fortalecer su democracia y garantizar elecciones libres y justas, es fundamental abordar de manera efectiva el problema de la violencia política y asegurar la protección de todos los actores involucrados en el proceso electoral.