En una reciente conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abordó las preguntas surgidas tras la liberación anticipada de Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas y exmiembro destacado del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Yarrington, quien cumplía una condena en Estados Unidos por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado, fue liberado recientemente bajo circunstancias que han generado controversia.
López Obrador fue cuestionado sobre si su gobierno había negociado la liberación de Yarrington, a lo que respondió enfáticamente que no participan en ese tipo de acuerdos. Afirmó que la decisión de liberación anticipada fue tomada por las autoridades estadounidenses, sin intervención o influencia del gobierno mexicano.
«Nosotros no hacemos ese tipo de negociaciones», declaró el mandatario, refiriéndose a las prácticas de las autoridades estadounidenses de reducir penas o facilitar condiciones a cambio de cooperación o devolución de recursos ilícitos. López Obrador destacó que estas decisiones son autónomas de Estados Unidos y responden a sus propias políticas y procesos judiciales.
Tomás Yarrington, quien fungió como gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2005, enfrentaba cargos por narcotráfico y lavado de dinero relacionados con sobornos recibidos de cárteles de droga durante su mandato. Su arresto en Italia en 2017 y posterior extradición a Estados Unidos marcó el inicio de un proceso legal que culminó con una condena de nueve años de prisión.
La liberación de Yarrington, anunciada inicialmente el 3 de julio y confirmada el 11 de julio, ha generado reacciones mixtas y ha puesto en tela de juicio los mecanismos de justicia y cooperación internacional en casos de alto perfil. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles detallados sobre los términos o condiciones específicas que llevaron a la liberación anticipada del exgobernador.
Este caso se suma a una serie de figuras políticas del PRI que han enfrentado procesos judiciales por corrupción y vínculos con el crimen organizado, reflejando los desafíos persistentes en el sistema judicial mexicano y las dinámicas complejas entre justicia y política.
Enrique Ostos Garza, abogado de Tomás Yarrington, ha indicado que buscará una audiencia para argumentar la prescripción de la pena, un aspecto clave en el caso que podría determinar el futuro legal del exgobernador mexicano.
El presidente López Obrador concluyó reiterando la independencia de las autoridades estadounidenses en este proceso y subrayando que su gobierno se mantendrá al margen de las decisiones judiciales internacionales relacionadas con este caso.
Este evento sigue siendo un punto de interés tanto en México como en Estados Unidos, con expectativas de más desarrollos legales y reacciones públicas en los próximos días.